S i no hay cambios de última hora en la agenda gubernamental será el próximo martes, 15 de septiembre, la fecha en que el Consejo de ministros apruebe el anteproyecto de Ley de memoria democrática. Una vez que resulte aprobada tras el pertinente trámite parlamentario conllevará el otorgar «carácter radicalmente nulo» a todas las condenas y sanciones producidas «por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa» durante la Guerra Civil o la dictadura.

Esta nueva Ley de memoria, que derogará la aprobada en el 2007 y a cuyo borrador ha tenido acceso este diario es una de las joyas legislativas que el Gobierno de coalición guardaba en su maleta de acuerdos. Servirá para ilegalizar fundaciones como la Francisco Franco o asociaciones que hagan apología de la dictadura o que, directa o indirectamente, inciten al odio o la violencia contra las víctimas de guerra o el régimen franquista.

Se incorpora un régimen sancionador para infracciones, con el fin de evitar «las humillaciones» especialmente en los espacios públicos. La disposición adicional tercera, según el borrador del que dispone este diario, es el que contiene las previsiones sobre retirada de recompensas previstas en la legislación de 1964 sobre condecoraciones policiales y la de 1976, relativa a la creación de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

En este contexto, la nueva ley apuesta por la creación de una fiscalía de sala para la investigación de hechos que lo merezcan durante la guerra o la dictadura, «incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución» y que puedan constituir «violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario».

Asimismo la mencionada fiscalía tendrá atribuidas funciones para buscar a las víctimas de los hechos investigados. Se recuperará también la figura del expediente de información para la perpetua memoria como vía para la obtención de una declaración sobre hechos acaecidos en tiempos de guerra o gobierno franquista. La intención es facilitar la identificación y exhumación de desaparecidos para que sus allegados puedan darles sepultura.

Se prevé, al tiempo, la modificación de la ley de secretos oficiales para garantizar el derecho de acceso a la información pública sobre todo lo concerniente a la contienda civil y la dictadura.