Las familias de los republicanos Manuel y Ramiro Lapeña y de los ‘nacionales’ Pedro Gil y Juan González pedirán a Naciones Unidas que inspeccione el proceso de recuperación de sus restos en el Valle de los Caídos. El abogado de las familias, Eduardo Ranz, prepara un informe para la oficina en Ginebra de Pablo de Greiff, relator especial de la ONU sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia y la Reparación. Ranz solicitará la presencia de supervisores in situ que certifiquen la diligencia y neutralidad de la Administración para facilitar las exhumaciones, a las que dio vía libre el 9 de mayo de 2016 el Juzgado de Primera Instancia 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).
Ese fallo lleva camino de convertirse en sentencia récord por la demora en su cumplimiento. Hace dos años, Patrimonio Nacional, ente dependiente de Presidencia del Gobierno que regenta el monumento, consideró que el fallo no le vinculaba directamente. En noviembre de 2017 cambió de opinión, pero entonces la abadía del Valle recurrió el fallo, hasta que, por orden del obispado, retiró el recurso este marzo.
Sin perito propio
Las últimas negativas de Patrimonio Nacional impulsan el recurso a la ONU. "Necesitamos testigos de lo que está ocurriendo con este proceso", explica el letrado Ranz. El 23 de abril, cuando los técnicos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción fueron a valorar el estado de la cripta del Valle, un ejecutivo de Patrimonio Nacional negó el acceso a las familias. Ese día Patrimonio también les negó la posibilidad de contar con un peritaje independiente al impedir la entrada al forense Francisco Etxeberria, experto en fosas comunes que, contra el criterio de la Administración, cree que no todas las tumbas del Valle están en ruina por humedad.
Esta semana, los técnicos del Instituto Torroja redactan un informe que debe responder a dos preguntas: en qué estado se encuentra el piso tercero de la cripta del sepulcro y qué obras habría que hacer si no fuera posible el acceso.
Patrimonio Nacional advirtió el 23 de abril de que no será tán fácil como quisieran las familias. Aún deberán volver al juzgado, según dijo en un comunicado: "Si se comprueba que los columbarios en los que pueden encontrarse los restos de los hermanos Lapeña se han convertido en un osario, en el que se encuentran confundidos con los restos cadavéricos de las demás personas inhumadas", se lo comunicarán a la familia "para que interponga una demanda en el correspondiente proceso declarativo ante la Jurisdicción ordinaria para que se pronuncie sobre la exhumación solicitada si hay derechos de terceros afectados".
Para Ranz, "en este caso ya se han producido todas las resoluciones propias de un Estado de Derecho. Pedir más pronunciamientos no es de recibo". El comunicado no advertía nada sobre los restos de muertos del bando nacional. "No permitir a Etxeberría entrar en la cripta, impedir el acceso a las familias, y que Patrimonio mencione las dificultades para exhumar a las víctimas republicanas, sin mencionar las del bando nacional, hace entender falta de voluntad para llevar a cabo la exhumación”, critica el abogado.
El relator de Greiff ya ha llamado la atención del Gobierno de España en el 2014 y el 2017 por las escasas facilidades que da a las víctimas que buscan restos de sus familiares.
