El día después del 1-O, España amaneció con las imágenes de las cargas policiales en las portadas de la prensa internacional. "El Estado español ha perdido", señalaba el británico 'The Guardian', "Catalunya, golpe por la fuerza", se leía en el francés 'Liberátion', y el belga 'Le Soir' titulaba con "Madrid lo ha perdido todo". Una idea rondaba entre los dirigentes españoles: que los independentistas habían ganado la batalla del relato. Y uno de los mayores defensores de esa tesis es hoy el ministro de Exteriores, Josep Borrell. En su departamento se incluye la secretaría de Estado de España Global, la antigua Marca España, con Irene Lozano al frente, que se ha propuesto contrarrestar el discurso de los líderes del procés poniendo en marcha su propia maquinaria publicitaria.
Como primera toma de contacto de la campaña, Exteriores ha lanzado un vídeo -el segundo de la serie- en el que citan dos reputados estudios que sitúan a España como una de las únicas 20 democracias plenas del mundo y entre los países más libres de todo el planeta. "No hay nada tan valioso como la verdad", responde a cámara la cineasta Isabel Coixet; "esta es la España real", añaden el televisivo alpinista Jesús Calleja y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. El nombre de la campaña, 'Esta es la España real', no es baladí.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha empezado a usar una palabra que ya utilizan (y a veces, retuercen) muchos líderes internacionales: las 'fake news' o noticias falsas. Tampoco es casual el momento escogido para intensificar la campaña. Apenas faltan unos días para que arranque el juicio del 'procés' y los ojos de Europa volverán a mirar a España y a su justicia. Y en el Gobierno están convencidos de que los independentistas aprovecharán para arremeter contra la calidad democrática de un Estado en el que hay "presos políticos", y no políticos presos.
VISITA A ESTRASBURGO
En esa estrategia se encuadra la visita de Sánchez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo el pasado jueves, a pocos días de la cita en el Supremo, donde ensalzó el sistema judicial español, extremadamente garantista, y donde "la protección de los derechos humanos no está en cuestión". "Cuando se recurre a la mentira, la manipulación, se promueven agravios y nostalgias olvidadas y la democracia se debilita", señaló Sánchez, que habló de "hechos reales y constatables" frente a las "fake news".
En el independentismo han saltado las alarmas. Primero porque rechazan que su discurso sean 'fake news' y segundo porque, más bien al contrario, creen que es el Gobierno central el que pretende imponer su "visión parcial de los hechos". Òmnium Cultural respondió con otro vídeo en el que muestran la corrupción o los desahucios como la verdadera "España real"; ERC ha registrado una batería de preguntas al Ejecutivo sobre el alcance de la campaña, y desde el PDECat han acusado a Borrell de ser el "ministro de propaganda", en boca del senador Josep Lluís Cleries.
El titular de Exteriores defendió que la secretaría de Estado tiene la misión de "reaccionar frente a intentos de desacreditar y desprestigiar a nuestro país y sus instituciones", tal como a su juicio acababa de hacer el senador. "Con el dinero de los catalanes han inundado las redes con videos de toda clase mintiendo descaradamente sobre la realidad de España", le reprendió Borrell.
POLÍTICA COMUNICATIVA
De momento, el Gobierno no ha dado más detalles de la campaña. Lozano ya adelantó que para defender al Estado de los "ataques" independentistas, "tiene que haber dinero y lo va a haber por parte del Gobierno". Y su secretaría contará con un presupuesto de 1.060.000 euros para "proyectar y defender la reputación de España" en el mundo.
En esa política de transparencia están implicadas todas las instituciones del Estado, también el Poder Judicial. El juicio del 'procés' será el primero que se transmita en directo en la web y el órgano de gobierno de los jueces ha preparado una política comunicativa que tratará de explicar cada término jurídico o técnico que pueda generar controversia. El Gobierno prestará especial atención a los corresponsales extranjeros en España, para quienes habrá interlocución constante por parte del Ejecutivo durante los meses que duren las sesiones del juicio, aunque de momento no concretan más detalles.
