Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de la Generalitat, no intentó ingresar en un banco español la comisión de 2,6 millones de euros que le correspondía por su intermediación en la venta de 1.152 sucursales del Banco Santander en 2007, sino que dio instrucciones para que su parte fuera ingresada directamente en una cuenta en Miami. Así lo declaró este viernes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata la directora de Servicios Generales y Gobierno Corporativo de Drago Capital, Isabel de los Ángeles Olivares de la Cerda.
En su declaración del pasado día 12, Oleguer Pujol aseguró que ante la imposibilidad de ingresar el dinero en España, por la exposición pública a la que estaba sometido por el 'caso Pujol' y la comisión de investigación del Parlament, decidió acudir a Miami. Precisamente, que seguía moviendo dinero en el extranjero en diciembre de 2015 y por tanto continuaba cometiendo el delito de blanqueo por el que está imputado fue la principal baza jugada por la Fiscalía Anticorrupción para pedir su ingreso en prisión, aunque el magistrado optó por imponerle únicamente comparecencias quincenales y retirada de pasaporte.
Olivares de la Cerda detalló con precisión el entramado societario utilizado por Pujol y su socio, Luis Iglesias, para ocultar a Hacienda el importe de la operación de compraventa de sucursales del Santander y señaló que fueron ellos, aconsejados por la empresa que les asesoraba, Grupo ITPS, quienes decidieron acudir a Holanda para utilizar un entramado societario que impidiera seguir el rastro del dinero. Iglesias, que no está imputado en la Audiencia Nacional y sólo se le atribuye un delito fiscal que se investiga en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, ya conocía Ard-Choille, porque había trabajado con ella con otra sociedad. Según fuentes jurídicas, todavía podría deberle cinco millones de euros a Oleguer Pujol por los negocios que hacían juntos.
La defensa de Oleguer Pujol, así como la de los otros imputados en esta parte del 'caso Pujol', los hermanos De la Rosa y los José María Villalonga, padre e hijo, coincide en admitir que acudieron a ese entramado empresarial para ocultar al fisco sus beneficios, pero esgrimen la regularización fiscal que hicieron posteriormente para negar el delito el que están acusados, algo que no convence en absoluto a las acusaciones personadas, Fiscalía Anticorrupción, Abogacía del Estado y Podemos.
UN CONSEGUIDOR
Por otra parte, también declaró hoy como testigo ante el juez el exdirector general inmobiliario del Banco Santander Serafín Méndez, quien atribuyó la operación al servicio financiero de la entidad. Tras ser apercibido por el magistrado sobre su obligación de decir verdad, señaló que no quería trabajar con Villalonga, porque no lo consideraba un agente inmobiliario, sino un "conseguidor", que se dedica a ofrecer "amistades" o "contactos personales".
Aseguró que se lo presentó el exconsejero delegado de la entidad,Alfredo Sáez, y que trabajó con él en la venta de un edificio en el Paseo de Gracia de Barcelona que albergaba oficinas del Central Hispano cuando se fusionó con el Santander. Además, negó la afirmación que había hecho Villalonga ante el juez relativa a que él trabajaba para el banco.
