El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas estudiará la demanda que interpuso el que fuera juez de la Audiencia Nacional y hoy abogado en ejercicio Baltasar Garzón contra España. El organismo ha admitido una demanda del propio exmagistrado contra la justicia española por atacar su independencia como juez al abrir procedimientos penales contra él que le costaron su inhabilitación. La decisión llega después de estudiar las alegaciones presentadas por las autoridades españolas sobre el caso.
La demanda del que fuera uno de los jueces más populares de la Audiencia Nacional -instruyó la causa contra Pinochet e importantes sumarios contra el entorno de ETA, entre otros-, fue presentada en el Comité el 31 de enero del 2016. Garzón denunciaba que entre el 2009 y 2012 fue investigado e imputado penalmente «por sus interpretaciones y aplicación de la ley» en el contexto de sus investigaciones judiciales en dos casos: por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Franco y por su presunta corrupción de personas pertenecientes al PP en el denominado caso Gürtel.
Se iniciaron contra él dos causas penales, resultando absuelto en el caso del Franquismo, mientras que fue inhabilitado durante 11 años por intervenir conversaciones del líder de la trama Gürtel Paco Correa con sus abogados en prisión. Para Garzón, sin embargo, y así lo señaló en su demanda ante la ONU, ello constituyó «un flagrante ataque a la independencia judicial».
En el caso de la Gürtel, la alegación se basaba en una violación del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, «por su condena con base en una interpretación imprevisible del delito de prevaricación», según informa el despacho de Garzón. También se estudiarán posibles vulneraciones por arbitrariedad de los procesos y la falta de imparcialidad de los jueces que lo condenaron y la decisión de estos de rechazar la recusación que Garzón presentó.
