El barco de ayuda humanitaria Open Arms ha recibido la autorización para navegar rumbo hacia las islas de Samos y Lesbos para transportar unas 20 toneladas de material humanitario para campos de refugiados, aunque no tiene el permiso para entrar en la zona SAR de búsqueda y rescate en el Mediterráneo Central. Tras más de 100 días amarrado en el puerto de Barcelona, el buque tiene previsto zarpar mañana si las condiciones meteorológicas lo permiten.

El fundador de la oenegé Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha asegurado que las operaciones de salvamento no son un objetivo, sino «una obligación legal y moral y un imperativo ineludible».

En declaraciones a Europa Press, el fundador de la entidad, Òscar Camps, ha expresado su sorpresa tras recibir la autorización para poder navegar, una decisión que ha achacado a la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 28 de abril. «Por lo visto hasta ahora que estuviéramos en el mar restaba votos, y supongo que a partir de este momento el que estemos en el puerto retenidos y bloqueados no da votos», ha destacado.

El buque Open Arms lleva amarrado a puerto desde el 8 de enero cuando la Capitanía Marítima de Barcelona denegó el retorno de la embarcación a las aguas frente a Libia. Capitanía Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, atribuyó el bloqueo a incumplimientos de convenios internacionales si se realizan rescates de personas a la deriva en el mar y alegó que el buque no tenía certificado para llevar a tantas personas.

MÁXIMA PRIORIDAD POLÍTICA / La reforma de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, una de las máximas prioridades políticas de la Comisión Europea desde que la crisis migratoria en el Mediterráneo sorprendiera a los gobiernos europeos en el 2015, ya tiene vía libre del Parlamento Europeo, que concluyó el miércoles la tramitación del plan con la aprobación del reglamento. Hubo 403 votos a favor, 162 en contra y 44 abstenciones.

El compromiso central: aumentar los efectivos disponibles para blindar las fronteras europeas hasta los 5.000 en 2021 y los 10.000 para el año 2027.

Según lo pactado, de los 10.000 guardias con los que contará el cuerpo, solo 3.000 serán contratados por Frontex. El resto lo serán de forma gradual por los estados miembros, que deberán establecer un grupo permanente de reserva con 1.500 efectivos para operaciones de larga duración y otro equipo de reserva de 5.500 personas para desplazamientos más cortos, además de un equipo de reacción rápida.

Esto supone un cambio importante ya que actualmente la agencia depende exclusivamente de las contribuciones de los estados miembros para actuar. Tras la reforma, ha dicho el comisario de Inmigración, Dimitris Avramoulos, «tanto la agencia como los estados miembros tendrán las herramientas para anticipar y responder a futuras crisis en las fronteras exteriores».

El despliegue comenzará en el ejercicio 2021 y tres años después, el Ejecutivo comunitario realizará un primer balance.