Tanto o más paralizados que el bloque independentista al no tener margen de maniobra para presentar un candidato con posibilidades, Ciutadans, el PSC, el PPC y Catalunya en Cómú tratan al menos de sacudir el tablero para que corra la cuenta atrás de dos meses antes de que se vuelvan a convocar elecciones. Tras fracasar en el último pleno del Parlament al chocar con el rechazo de la mayoría secesionista, el grupo de Inés Arrimadas, con el plácet del sector no soberanista, anunció ayer la entrada en registro de una iniciativa para que Roger Torrent comparezca en el hemiciclo, «reconozca que no hay candidato» para la investidura y se active así el reloj. Los populares propusieron una reunión de líderes parlamentarios y los socialistas apelaron al Tribunal Constitucional (TC) para que sea él quien pulse el botón.

Arrimadas afirmó en rueda de prensa que su fórmula se basa en el informe de los letrados del Parlament, según el cual el presidente es quien tiene la potestad de presentar un candidato y desbloquear la situación. También esgrimió «como precedente» el dictamen que el Consejo de Estado emitió tras el llamado tamayazo, cuando afirmó que la imposibilidad de presentar un candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en el 2003 era «a todos los efectos como si se hubiera presentado una investidura fallida».

«Si la estrategia de los independentistas es alargar el lío hasta unas elecciones, que lo expliquen», reprochó la dirigente naranja, quien aseguró que tanto el PSC como Catalunya en Comú y el PPC ven «razonable» su petición. Pero la reclamación de Cs fue desechada rápidamente por el entorno de Torrent, que considera que no hay «ningún fundamento jurídico» porque «no está prevista ni regulada la comparecencia en un Pleno del presidente del Parlament». Tampoco tiene números de prosperar la carta que Albiol envió al dirigente de ERC para que convoque una reunión de líderes de grupo (y subgrupo) para desatascar la situación.

Antes, el PSC decidió entrar por otro flanco al enviar un nuevo requerimiento al TC en el que reitera su petición de medidas cautelares para desbloquear la investidura: que se anule la decisión de suspender por dos veces el pleno de investidura, que se establezca un plazo máximo para que se este celebre y que se fije un día tope a partir del cual computen los dos meses. En este sentido, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, acusó a Torrent de actuar «en falso» por haber suspendido el pleno alegando que esperaba el recurso de Jordi Sànchez ante el Tribunal de Derechos Humanos cuando este no ha llegado a presentarse.

PECADO ORIGINAL / «Por cada investidura suspendida, gana la partida el Gobierno del PP», sentenció Elisenda Alamany. Pese a tildar de «indignante e intolerable que el Supremo siga haciendo política» con el veto a Sànchez, la portavoz de los comuns calificó de pecado original el pacto entre JxCat y ERC porque únicamente permite presentar presidenciables de la lista de Carles Puigdemont: «Es una manera de entender las instituciones como un patrimonio de JxCat y de entender el país como el patrimonio de unos partidos que debaten a puerta cerrada», se quejó.