La oposición ultima en el Congreso las negociaciones para tumbar una de las leyes más controvertidas de Mariano Rajoy, la reforma laboral, que llega al pleno esta tarde. La medida, presentada por el PSOE, es una proposición no de ley, por lo que no tiene efectos de aplicación legislativa inmediata y, aunque constituye un varapalo contundente al legado normativo de los populares, también es más simbólico que (de momento) efectivo para el Ejecutivo. Los socialistas lo valoran como el primer paso para ir consensuando un nuevo Estatuto de los Trabajadores (el actual data de 1980) y cuando esté listo, poder derogar finalmente la ley y sustituirla por ese nuevo texto que confían consensuar con los agentes sociales.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, señaló este lunes en su comparecencia en el Congreso las virtudes de la reforma que su partido llevó a cabo en 2012, pocos meses después de llegar a la Moncloa, y se mostró contraria a derogar una norma que, a su juicio, ha mejorado la situación del mercado laboral en España. Aunque el PP se ha mostrado favorable a "mejorar" algunos aspectos del articulado (ya lo hizo en las negociaciones de investidura con Ciudadanos), es contrario a derogar la ley.
Mientras, los grupos de la oposición están negociando algunas enmiendas a la proposición no de ley del PSOE que este martes se vota en el pleno. ERC ya anunciado que votará a favor. Unidos Podemos también respaldará la iniciativa, aunque quiere ir más allá y consensuar más adelante la derogación real de la reforma del PP y también la del PSOE, compromiso que los morados ya llevaban en su programa electoral. Está por definir cuál será la posición deCiudadanos.
El texto del PSOE no implica la derogación total de la reforma laboral del PP. De hecho, la proposición no afecta a algunas de las medidas más polémicas ni se pide volver a la ley anterior, aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Los socialistas no concretan, por ejemplo, cómo quedarían las indemnizaciones por despido. Los conservadores redujeron la compensación por despido improcedente en contratos indefinidos de 45 días a 33 por año trabajado. También estableció un máximo de 24 mensualidades en lugar de 42. El PSOE deriva la decisión definitiva en esta materia al diálogoen la mesa entre Gobierno y sindicatos, que podría arrojar las primeras conclusiones en el primer trimestre de 2017.
