La jornada electoral del pasado 10 de noviembre dio una victoria amarga al PSOE (120), que ratificó su liderazgo pero retrocedió en escaños. También Unidas Podemos (35), su socio, salió perjudicado de la repetición electoral, con siete diputados menos que en abril. El retroceso de la izquierda, sumado a la irrupción de nuevas fuerzas regionales, ha convertido la gobernabilidad del país en un rompecabezas difícil de resolver.

Socialistas y morados suman 155 escaños, lejos de los 176 que conforman la mayoría. Con este tablero político, y tras el preacuerdo de coalición del PSOE y Unidas Podemos, la llave para garantizar la investidura la tiene ERC, aunque Sánchez necesita también el apoyo de los partidos minoritarios. Los potenciales socios ya han advertido de que no darán un cheque en blanco.

Empezando por el PNV, a pesar de que la formación de Aitor Esteban es de las partidarias de conformar el nuevo Ejecutivo antes de Navidad, los siete síes peneuvistas no se darán a cambio de nada. Los nacionalistas han puesto sobre la mesa el traspaso pendiente de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika, el reconocimiento del autogobierno vasco, el «fortalecimiento de las autonomías» y el impulso de la llegada del AVE a la comunidad.

En lo que respecta a Más País, el partido de Íñigo Errejón anunció desde el minuto uno que un Gobierno PSOE-Unidas Podemos contaría con el apoyo de sus tres diputados. Aun así, avisó de que su partido «había puesto compromisos encima de la mesa» para apoyar al eventual Ejecutivo, sin especificar cuáles. Joan Baldoví, de Compromís, se enmarcó el sí siempre y cuando se cumpla «la agenda social y la agenda valenciana».

«Estamos para desbloquear», aseguró Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria. Levantó así el veto a Unidas Podemos para que el Gobierno no dependa ni de fuerzas independentistas ni de la extrema derecha. El sí o la abstención dependerán de la política económica que se pretenda llevar a cabo y del papel del partido de Pablo Iglesias en el Ejecutivo. La formación canaria pide también, a cambio de los votos, que se cumpla la «agenda prevista para el desarrollo del Estatuto canario y el régimen económico fiscal».

El Bloque Nacionalista Galego se ha mostrado abierto al diálogo pero dejando claro que su voto dependerá «exclusivamente de los intereses de Galicia», entre los que se encuentran «frenar la crisis industrial» o traspasar las competencias de la AP-9. A nivel estatal, los nacionalistas gallegos ponen como condición «revertir algunas de las políticas del PP» como «la reforma laboral, la ley mordaza o la LOMCE».

En cuanto al Partido Regionalista Cántabro, Jose María Mazón -el único que ya dio el sí a Sánchez en julio- reafirmó su apoyo al líder socialista siempre y cuando este «no haga concesiones a los independentistas». «No se puede negociar sobre presos políticos, indultos o referéndum», aseguró en un comunicado. El sí del diputado del PRC está también supeditado al cumplimiento del acuerdo alcanzado en verano, que recoge -entre otros- el compromiso para ejecutar las conexiones ferroviarias de Cantabria con Bilbao y Madrid.

El sí de Teruel Existe, que se ha mostrado dispuesto a «facilitar la gobernabilidad», pasa por un pacto de Estado contra la despoblación dotado de un «mecanismo de financiación permanente». El diputado Tomás Guitarte puso también sobre la mesa la pérdida de puestos de trabajo que supondrá para la provincia de Teruel el cierre de la central térmica de Andorra, además de reclamar una mayor inversión en infraestructuras.

Con quien podrá contar en esta fórmula será con Ciudadanos. La líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, pidió ayer mismo al presidente Pedro Sánchez que «aproveche» la reunión que tiene mañana con ERC en Barcelona para «romper» con la formación republicana y apostar por un pacto con los partidos constitucionalistas.