El Gobierno tiene una enorme capacidad para convertir sus anuncios estrella en marañas internas. Ocurrió recientemente con la autorización para que los niños pudieran salir a paseos con sus juguetes. Y ha vuelto a a pasar con la derogación de la reforma laboral, solo que este nuevo enredo tiene consecuencias políticas y sociales mucho mayores, comenzando por el choque entre Pablo Iglesias, partidario de derogar la ley cuanto antes, y la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, que, en un intento por zanjar la polémica, sentenció ayer que es «absurdo y contraproducente» abrir este debate dadas las circunstancias actuales. Según la titular de Economía semejantes cambios no se harían sin el consenso de los agentes sociales.

Pero antes del golpe encima de la mesa de Calviño, el enredo dentro del Gobierno ya había provocado malestar en los sindicatos y en los partidos aliados del Ejecutivo (como el PNV), un portazo de la patronal e incomprensión en las filas socialistas.

El embrollo comenzó a gestarse a última hora de la tarde del miércoles. El PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo con EH Bildu para derogar de «manera íntegra», y «antes de que decaigan las medidas sociales y económicas frente al coronavirus», la legislación laboral que el PP aprobó en el 2012, que recorto derechos a los trabajadores y volvió a abaratar el despido. El anuncio nocturno del pacto, a cambio de que no los aberzales no votaran en contra de la prórroga de alarma, causó sorpresa. No solo por el concurso de EH Bildu (cuya abstención no era indispensable), sino también por el alcance y la urgencia de la pretendida modificación legislativa. Los socialistas han mantenido tradicionalmente que la derogación no podría ser total, sino solo de sus aspectos más lesivos, porque de lo contrario se entraría en un vacío legal. Así quedó reflejado, de manera vaga, en el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para el Gobierno de coalición.

RECTIFICACIÓN A MEDIANOCHE / Casi cuatro horas después del anuncio explosivo del paco, al filo de la medianoche, llegó la rectificación por parte del PSOE. En un comunicado, el partido de Sánchez aclaró que quedaba anulada la parte del pacto que prometía la derogación «íntegra» e inminente de la legislación laboral. Esta parte quedó sustituida por un enunciado más ambiguo, que habla de derogar (sin etiquetas ni plazos temporales) la reforma, empezando por sus aspectos más lesivos: el despido por baja médica (que ya no está en vigor), las limitaciones temporales de los convenios colectivos y la prioridad de los convenios de empresa sobre los sectoriales. En realidad el nuevo enunciado obedecía a un corta y pega de uno de los párrafos del acuerdo de coalición entre PSOE y UP.

Fuentes de la dirección socialista justificaron el cambio así: «Habíamos aceptado incluir el término derogación íntegra porque entendíamos que era lo que decía nuestro pacto con Podemos: los aspectos más lesivos. Pero después nos dimos cuenta de que estaba dando lugar a equívocos. Por eso matizamos». Equívocos, entre otros, del PNV, un aliado fundamental para el Gobierno. También de los sindicatos y de la patronal CEOE.

Fuentes cercanas a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, dieron otra versión sobre lo ocurrido. Fue Calviño quien forzó la «matización» al conocer el pacto. Ayer en la 36 reunión del Círculo de Economía, trató de poner negro sobre blanco. «Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento», recalcó. La titular de Economía agradeció el compromiso y el esfuerzo» que están haciendo los empresarios en este momento. «Por supuesto que se pueden hacer cambios en el mercado laboral, pero siempre con un objetivo claro, impulsar el empleo y la actividad al tiempo que se protege a los trabajadores», señaló. Además hizo referencia a que las circunstancias actuales no son las mismas que en enero, cuando se firmó el acuerdo de coalición con los morados y que toda modificación requerirá el aval de los agentes sociales.

LAS DIFERENCIAS / No obstante, horas antes, el vicepresidente segundo había vuelto a la casilla de salida, desmintiendo al PSOE: la derogación será «íntegra», porque lo válido es lo firmado con Bildu, no la aclaración de los socialistas. «Pacta sunt servanda [expresión en latín para dejar claro que lo pactado obliga]», sentenció recordando que en el pacto de investidura «no se habla de derogación parcial». Sus palabras contrastan con la posición de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, muy cercana a Iglesias, que ve «irresponsable» una derogación integral, según dijo en enero en una entrevista con El País.

Pero sobre todo, las manifestaciones de Iglesias chocan con la parte socialista del Gobierno. Casi a la misma hora en la que el líder morado aseguraba que la derogación sería total, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, uno de los dirigentes con más peso político dentro del Ejecutivo, decía lo contrario, que el acuerdo es solo para tumbar los «aspectos más lesivos».

Los aberzales restaron importancia a la polémica. Según su portavoz parlamentaria, Mertxe Aizpurua, el pacto «sigue vigente» y la rectificación es solo una «matización terminológica».

LA CONFUSIÓN / Mientras tanto, la incomprensión por cómo se ha gestado este anuncio crece en las filas del PSOE. «La sorpresa es generalizada», reconoce un importante diputado. «No sé a qué obedece ahora ese acuerdo innecesario e inconveniente con Bildu», señala un miembro de la ejecutiva socialista. Fuentes cercanas al presidente de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, dicen que este se siente «dolido y perplejo». El desconcierto entre los socialistas, aparte de por la aparición de la palabra «íntegra», alejándose de la doctrina del partido, se debe a la presunta necesidad de pactar con Bildu ya que la prórroga de la alarma hubiera sido aprobada por el Congreso aunque los cinco diputados de la izquierda abertzale hubiesen votado ‘no’.

Ábalos ligó el pacto con Bildu a la actitud de Pablo Casado, que rechazó la prórroga. «Si el PP se instala en la negación, tendremos que recurrir a las otras formaciones políticas apelando a más responsabilidad», dijo el ministro de Transportes.

El pacto con Bildu también provocó la indignación de la derecha. En el PP aseguraron que la derogación de la reforma laboral podría abocar a los españoles a las «colas del hambre» y que sería peligroso para el empleo, por lo que señaló que «no se puede llegar a este tipo de acuerdos y menos con estos acompañantes». Vox, por su parte, anunció que abandona la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Los de Abascal ya no participaron ayer en las reuniones de los grupos de trabajo porque el acuerdo supone «una tomadura de pelo».