Dos documentos intervenidos por la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Gerona estrechan el cerco sobre el que fuera alcalde, Carles Puigdemont. Fuentes de la investigación, que dirige el juzgado número dos de Gerona, explican que son dos indicios que, de confirmarse, podrían llevar a citar como investigado a Puigdemont por supuestos delitos de malversación y prevaricación. El pleno municipal de Gerona aprobó en febrero de 2014 la compra, por 3,9 millones de euros, de la colección artística de Rafael Santos Torroella, un intelectual originario de Portbou (Gerona, 1914), amigo de Salvador Dalí, que murió en 2002 en Barcelona.

En un registro del Ayuntamiento de Gerona enmarcado en la investigación de la trama del agua y la empresa Agissa, la Guardia Civil halló dos documentos de interés. De un lado, el entonces alcalde Puigdemont, aprobó el 22 de mayo de 2013 un decreto en el que se declara «conocedor de la trascendencia del personaje», anuncia su interés en «profundizar y tener un conocimiento lo más exhaustivo posible de la colección (Santos Torroella) para valorar posibles acciones futuras en nuestra ciudad» y decide contratar una tasación sobre la colección de arte de Rafael Santos Torroella.

Esa tasación deberá hacerla, dice el decreto municipal, la empresa Artur Ramon SL por un precio que se establece en 6.000 euros más IVA (7.260 euros en total). La sociedad es propiedad de uno de los más reconocidos expertos en arte de Cataluña, Artur Ramón i Navarro, que ha llegado a exponer en Estados Unidos.

Los investigadores también han hallado la copia de esa tasación pagada con fondos públicos. La realizó, en efecto, el galerista e historiador del arte Artur Ramon «por encargo del Ayuntamiento de Gerona», según reza el propio documento. El problema es que esa tasación ya se había hecho, según consta en el documento, el 17 de abril de 2013 en Barcelona; es decir, un mes y seis días antes de que el Ayuntamiento de Gerona aprobase el encargo y el presupuesto para pagar el trabajo del anticuario.

Sin contrato

Fuentes de la investigación han confirmado que esa maniobra pudo deberse a «las prisas» por cerrar la compra de la colección de arte. La hipótesis que maneja la Guardia Civil es que en el momento en que el perito realizó el trabajo todavía no había firmado ningún contrato con el ayuntamiento. Al menos, según fuentes policiales, no hay constancia de este ni en el expediente administrativo ni en la causa judicial abierta y conocida como operación Aquarium.

La adquisición del fondo artístico Santos Torroella, ahora investigada por la justicia por las sospechas de que fue pagada con fondos públicos o incluso de los destinados a dar el servicio de agua a los vecinos, fue una decisión polémica aplazada en 2013 y finalmente aprobada en 2014 gracias al voto de calidad y desempate del alcalde y que contó con la oposición de los concejales del PSC, ICV y dos regidores de la CUP.

La Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número dos de Gerona investigan si esa colección, con obras de Picasso, Dalí y Miró, fue adquirida cometiendo delitos de malversación (si se pagó con fondos de los ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarrià de Ter) o apropiación indebida (si se utilizó dinero de la empresa Agissa, que debía dedicarse a mejorar el servicio de agua que recibían los vecinos).

En 2009, Artur Ramón dio noticia en su blog de la adquisición del fondo artístico de Santos Torroella en 3,9 millones de euros, pese a que él lo había valorado en 4,7 millones. «Ha sido una apuesta muy personal» de Puigdemont, relató.