La inmensa mayoría de las patronales tanto sectoriales como territoriales están de acuerdo en algo: en que la paralización de la actividad económica no esencial anunciada este sábado por Sánchez "tendrá consecuencias terribles para la economía". La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, Confemetal, ha expresado su "más absoluto rechazo" y ha asegurado que esta medida "no solo provocará un deterioro del tejido económico difícil de recuperar, sino que, lejos de favorecer la lucha contra la crisis sanitaria, la complicará". A su juicio, la decisión, que solo puede haberse tomado "desde el desconocimiento del funcionamiento de una economía avanzada como la española", hará "imposible" mantener un nivel mínimo de actividad económica que garantice la eficiencia para enfrentarse a la crisis sanitaria. Los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, sin embargo, apoyan la decisión del gobierno al considerarla "necesaria para frenar la pandemia".

A ojos del presidente de Confemetal, mantener la actividad de las empresas, con todas las medidas de seguridad que sean necesarias, "es la mejor forma de proteger la sanidad y los servicios públicos". La confederación ha alertado, asimismo, de la incertidumbre y el caos que una medida "tan irreflexiva" va a provocar desde el punto de vista organizativo en un tejido económico como el español, constituido en más del 98 % por pymes. En su opinión, el Gobierno "no tiene derecho" a someter a más tensiones a las pymes, con sus ingresos reducidos o desaparecidos y obligadas a abonar sueldos, cotizaciones sociales e impuestos.

Pymes "heridas de muerte"

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, Ganvam, ha advertido de que medidas "tan drásticas" como el pago de las nóminas con la actividad parada "herirá de muerte a las pymes y provocará el colapso económico". La patronal vasca, Confebask, por su parte, tacha también de "inaceptable" la decisión del Gobierno y se suma a decir que tendrá consecuencias "terribles".

Desde Fomento del Trabajo han propuesto que el Estado asuma el 75% de los costes laborales del permiso retribuido recuperable en caso de que las empresas no tengan la liquidez necesaria y durante el periodo que duren las limitaciones de movilidad a actividades no esenciales. La patronal que preside Josep Sánchez Llibre ha insistido en que el Gobierno tome medidas fiscales que "aporten liquidez" y ha criticado, como el resto de patronales, "la improvisación y precipitación" de las medidas anunciadas durante un fin de semana y de aplicación inmediata en 24 horas, "sin proporcionar el margen suficiente a las empresas para organizar y atender todas sus obligaciones con empleados, proveedores y clientes".

El Instituto de la Empresa Familar y las Asociaciones Territoriales de Empresa Familiar vinculadas se sumaron al comunicado emitido la noche del sábado por CEOE y CEPYME, que advertía del "grave impacto del parón" y pedía más ayudas a las empresas". "Queremos destacar la unidad que en estas graves circunstancias están mostrando todas las empresas y los trabajadores de España, cumpliendo con sus obligaciones y actividades con esfuerzo y responsabilidad", añadieron.

Los sindicatos

El comunicado emitido por UGT y CCOO iba por otro camino. Los dos grandes sindicatos exigieron que los trabajadores que mantengan su actividad cuenten con los equipos de protección individual (EPIs) y las medidas de seguridad que les salvaguarden del contagio del coronavirus y garanticen su salud. Ambos sindicatos recuerdan que los empresarios y las administraciones están obligados por la ley a proporcionar a los trabajadores y trabajadoras los EPIs y las medidas de necesarios para salvaguardar su seguridad y salud, y que los gobiernos y la Inspección de Trabajo están obligados velar por el cumplimiento de esas medidas.