La presidenta del Congreso ha decidido este miércoles por la mañana convocar finalmente el pleno urgente reclamado por la oposición para que Luis de Guindos de explicaciones por el ‘caso Soria’. Ana Pastor podría haber fijado la fecha desde el pasado jueves, cuando recibió el mandato de la Cámara, pero no la ha establecido hasta después que el ministro compareciese, este martes, en comisión. El 27 de septiembre a las cuatro de la tarde se celebrará, pues, la sesión en el hemiciclo. El titular de Economía no estará presente para resolver las cuestiones que le planteen los líderes del resto de grupos. Su escaño estará vacío, como ya adelantó el Gobierno, que considera que el estar en funciones le exime del control parlamentario en el pleno.

Los populares querían, desde el principio, acelerar las explicaciones de Guindos en comisión, que es un formato menos expuesto para trasladar la imagen de que ya está resuelta la polémica y que resulta innecesaria una comparecencia monográfica sobre el nombramiento de José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial. PSOE y Podemos han criticado con dureza la dilación con la que Ana Pastor ha gestionado la convocatoria de un pleno urgente, puesto que consideran que ha puesto a la Cámara Baja a disposición de los intereses del PP, al retrasar seis días la convocatoria.

"La señora Pastor está al servicio de Rajoy y no del Congreso,ni de los españoles. En apenas un mes ha perdido toda credibilidad", ha lamentado la diputada socialista Isabel Rodríguez tras conocer la convocatoria, quien pide una rectificación de inmediato.

Ahora la Junta de Portavoces tendrá que decidir, la semana que viene, si el pleno del día 27 sigue siendo monográfico, a sabiendas de que el ministro no acudirá, o si añade otros puntos en el orden del día. Fuentes próximas a la presidencia del Congreso consideran que la oposición corre el riesgo de forzar una escenografía que se le podría volver en contra: la de los líderes políticos haciendo preguntas a un escaño vacío.

Hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva el conflicto de competencias, el Gobierno sigue enrocado en la decisión de no someterse al control de los plenos del Congreso.