Si el instrumento para abordar un marco estable para el empleo es el diálogo social -en el que participan Gobierno, patronales y sindicatos-, una iniciativa política que se plantee una derogación total de la reforma laboral del 2012 trasciende al consenso que implica ese instrumento. Razón por la que los agentes sociales calificaron ayer como una injerencia el pacto entre PSOE, UP y Bildu, y que provocó el anuncio de la patronal de su retirada de la mesa de diálogo social.
Los agentes sociales, así como diferentes organizaciones económicas, manifestaron ayer su rechazo -con diferente énfasis-, comenzando por la CEOE. La patronal decidió suspender ayer su presencia en las mesas de diálogo social. Su presidente, Antonio Garamendi, dijo que el diálogo social «está en suspenso», al tiempo que se preguntó para qué se van a sentar a una mesa «si ya está decidido lo que se va a hacer en la mesa, si el menú del día está preparado». Garamendi recalcó: «Lo firmado es muy grave».
En este mismo sentido la el Instituto de Empresa Familiar publicó ayer un comunicado en el que se dice que «más allá del alcance de la rectificación por el propio Gobierno, resulta incomprensible que se haya negociado una cuestión de semejante importancia fuera del acuerdo marco político y a espaldas de los agentes sociales y las empresas». También emitieron un comunicado mostrando su apoyo la patronal azulejera Ascer, CEV y AVE, dejando claro su rechazo frontal a este acuerdo en Castellón y en la Comunitat Valenciana.
Para los sindicatos mayoritarios, la derogación de esta reforma no es un discurso que suene mal, aunque no les parece que la vía elegida sea la más apropiada.
«MUCHA MESURA» / El secretario general de CCOO, Unai Sordo, destacó ayer que el anuncio: «reproduce el acuerdo de investidura, que recogía el compromiso de derogar la reforma laboral. Sería bueno huir de voluntarismos y retomar la agenda para la derogación de la reforma laboral que fue interrumpida por la crisis, contando con el marco de diálogo social y sabiendo que se requiere una mayoría parlamentaria».
El secretario general de UGT, José María Álvarez, pidió a las patronales «mucha mesura» y no romper el diálogo social. «En otros momentos han pasado otras cosas y nosotros podríamos habernos aprovechado para levantarnos de la mesa y no lo hemos hecho», afirmó.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), criticó el acuerdo por su carácter «oscurantista y sorpresivo» al haber sido firmado «al margen» de los agentes sociales e insistió en la necesidad de la reforma de la Ley Sindical.
