El Gobierno ha movido ficha para aplacar las protestas que han brotado del campo español. Y lo ha hecho por el cauce de los jornaleros, con promesas de facilitar el acceso a los subsidios de empleo y con más garantías para sus condiciones laborales, vía Inspección de Trabajo. Las peonadas bajarán de los actuales 35 días hasta los 20, con lo que el Ejecutivo busca dar cumplimiento «a una reivindicación histórica del colectivo de jornaleros». Así se lo transmitió ayer el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los sindicatos agrarios de Andalucía y Extremadura.

Este sistema de subsidios, antiguamente conocido como PER, funciona actualmente de la siguiente manera. Un jornalero ha de acreditar haber trabajado un mínimo de 35 jornadas durante el último año para poder solicitar un subsidio de cerca de 400 euros durante un periodo de máximo seis meses. Dicha prestación la costean entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas, dependiendo la repartición de las cuantías del territorio. El Programa de Fomento del Empleo Agrario es competencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), impera tan solo en Andalucía y Extremadura.

Y ahora este requisito bajará hasta los 20 días. Una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez ya aplicó de manera puntual en el 2018, ante situaciones de sequía. La rebaja anunciada a los sindicatos no llega con fecha de caducidad explícita, aunque fuentes de vicepresidencia afirmaron que «es necesario, a medio plazo, reformar el sistema de peonadas para garantizar que dé una cobertura más adecuada a los trabajos eventuales agrarios».