España regresa a sus peores momentos en lo que a corrupción se refiere. Esa es, al menos, la sensación de los ciudadanos, que han vuelto a colocar al país en su peor resultado histórico (el del 2015) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Así, en el informe correspondiente al 2016, obtiene 58 puntos sobre un máximo de 100 y baja de la posición 36 a la 41 del total de 176 países analizados. Se sitúa entre Costa Rica y Georgia, y se engloba en el grupo de estados europeos percibidos como más corruptos (ocupa el puesto 17 de 28). Por delante suyo quedan países como Bahamas (posición 24), Emiratos Árabes Unidos (26), Bután (27), Qatar (32) o Botsuana (35). Dinamarca se mantiene en el primer puesto, mientras Siria, Corea del Norte, Sudán del Sur y Somalia continúan en el vagón de cola.

La situación de España contrasta especialmente en un momento en que se están realizando muchos esfuerzos por parte de las administraciones públicas para combatir la lacra. Según ha explicado este miércoles en la presentación del informe Manuel Villoria, uno de los autores y catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, esto se debe a que los ciudadanos no sienten que se esté haciendo demasiado. Además, a pesar de haber mayor persecución y procesos judiciales contra los corruptos, se mantiene la sospecha de que finalmente quedarán impunes.

Otro ingrediente que aliña el mal resultado de España es laopacidad que se percibe en la toma de decisiones de sectores como el eléctrico y el bancario. Ejemplo de esto último son las últimas alzas en el precio de la luz o el acuerdo contra las cláusulas suelo en las hipotecas. La politización de la justicia tampoco ayuda a mejorar la opinión de los españoles sobre la separación de poderes y la independencia de los jueces.

"Todo esto hace que los ciudadanos estén muy indignadosy preocupados y que en las encuestas se dispare la percepción de la corrupción", ha explicado Villoria, antes de considerar que España ha llegado a su "suelo" en este índice y que no puede descender más. "Es el momento de reaccionar porque el país no acaba de salir del pozo", ha añadido.

PACTO DE ESTADO

El presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, ha considerado que la única manera de resolver esta situación es que los partidos políticos dejen a un lado sus diferencias ideológicas y se pongan de acuerdo. A su juicio, las formaciones deben entender que la corrupción es "un tema de Estado y de claro interés social" y promover "un pacto integral de forma urgente" sobre las medidas legales e institucionales más importantes para combatir "este importante problema que tanto sigue preocupando a los ciudadanos".

Entre las medidas urgentes a emprender, ha citado la despolitización de los órganos judiciales (por citar dos ejemplos, los miembros del Consejo General del Poder Judicial son elegido por el Congreso y el Senado, y el fiscal general del Estado es designado directamente por el Ejecutivo central), la reducción del número de aforados y de cargos de libre designación, la prohibición legal de la concesión de indultos a condenados por delitos de corrupción, la regulación de los lobis o la incorporación de un régimen de específico de sanciones en la ley de transparencia.