Hasta que se produjo el golpe de Estado del 23-F, pocos ciudadanos conocían la existencia en España de unos servicios secretos. Al investigar la organización de la intentona involucionista, resultó procesado aunque no condenado el comandante José Luis Cortina, entonces jefe de operaciones especiales del Cesid. Fue la primera vez que muchos españoles oían hablar de los servicios de inteligencia autóctonos. Años más tarde, el 18 de junio del 1995, saltaría a las portadas de los diarios el primer gran caso de corrupción dentro del Cesid. El coronel Juan Alberto Perote fue detenido por haber robado material secreto de la organización.

Microfichas

Perote entró en el Cesid en 1982. El entonces presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, había nombrado al general Emilio Alonso Manglano jefe del servicio secreto para evitar intentonas golpistas. Entre 1983 y 1991, Perote fue jefe de la AOME. Se le consideraba número dos del Cesid y brazo derecho de Manglano. En noviembre de 1991, Manglano expulsó a Perote por irregularidades económicas en una empresa que los servicios secretos usaban de tapadera. Pese a ello, el Cesid remitió informes favorables que le permitieron ser asesor de seguridad de Repsol. En junio de 1995 fue detenido y acusado de robar material secreto.

Seis meses antes de abandonar el Cesid, Perote grabó en microfichas multitud de documentos que no pasaron por el archivo. Poco después, Perote destruyó los originales. Según el fiscal, parte de los documentos sustraídos fueron publicados, entre junio y septiembre de 1995, por El Mundo, algunos con alteraciones y manipulaciones.

Entre las informaciones que robó Perote había 100 folios con datos sobre las operaciones de los GAL y los procedimientos ilegales que en las denominadas cloacas del Estado se llevaban a cabo para combatir a ETA. También se le intervinieron hasta 93 cintas con escuchas ilegales realizadas entre 1980 y 1991 a personas de relevancia, incluidas el Rey, el expresidente Adolfo Suárez o algunos ministros de la época como José Barrionuevo y Francisco Fernández Ordóñez. El escándalo de las cintas acabó con la carrera política de Narcís Serra, quien tuvo que dimitir como vicepresidente del Gobierno, y los ceses del ministro Julián García Vargas y el general Manglano. Uno de los puntos polémicos del caso fue un texto en el que Manglano es informado de inminentes "acciones contra ETA" y el general escribe a mano "Pte.". La investigación nunca aclaró si era una abreviación de "pendiente" o "presidente", lo que relacionaba a Felipe González con los GAL.

Condena recurrida

En julio del 1997, Perote fue condenado a siete años de cárcel y expulsado del Ejército. En abril de 1999, obtuvo la libertad condicional, y en julio del 2002, el Tribunal de Estrasburgo condenó a España a indemnizar con el pago de los costes judiciales al excoronel porque no recibió un juicio justo.

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