Podemos ha propuesto este jueves la aplicación de la ley de partidos contra el PP de Valencia, puesto que la citada norma prevé la disolución de una fuerza política cuando es investigada por asociación criminal. Esta propuesta se suma al escrito que registró la semana pasada Compromís ante la Fiscalía Anticorrupción para instar a la ilegalización del partido por corrupción.
"Deberíamos plantearnos seriamente si sería de recibo" aplicar en este caso la ley de partidos, ha planteado el diputado de Podemos y juez en excendencia, Juan Pedro Yllanes, en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la propuesta de crear en el Congreso una comisión permanente no legislativa sobre corrupción. Yllanes ha destacado la importancia de que se pudiese tomar una medida "de extinguir", "de hacer desaparecer" o "suspender el funcionamiento del PP" en aplicación de la ley de partidos políticos ante las múltiples investigaciones de corrupción que le afectan.
"Vamos a ver cómo salen de esa situación", ha dicho Yllanes, quien además ha recordado que el PP también está llamado a declarar en el caso que investiga el borrado de los discos duros de su extesorero Luis Bárcenas. "Ya estamos hablando de cosas muy serias que tienen respuesta administrativa en la ley orgánica de partidos políticos", ha añadido.
Asimismo, Yllanes ha criticado el "blindaje" de Rita Barberá en el Senado y ha instado al PP a "predicar y dar trigo" y no proclamar su tolerancia cero frente a la corrupción para después mandar un mensaje "mucho más suave" en este caso. "Ayer se le pasaba un poquito la mano por la espalda a Rita Barberá para decirle: tranquila, no te preocupes, ya te hemos blindado" en la Diputación Permanente, ha ironizado Yllanes, que renunció a presidir el tribunal del 'caso Nóos' para concurrir a las elecciones con Podemos.
El magistrado ha recordado que Podemos es partidario de acabar con todos los aforamientos, también los de los jueces, y ha mostrado su preocupación por el interés que se demuestra en permanecer aforados y ser investigados por una única instancia judicial, que es el Tribunal Supremo, sin posibilidad además de recurso. Ese interés, ha indicado, puede dar a entender que el Supremo es "una garantía de que no va a pasar nada", por lo que ha pedido una reflexión y ha reivindicado el derecho de todos los ciudadanos a la doble instancia judicial.
