El Gobierno ha iniciado los trámites para trasladar a prisiones de Cataluña a los líderes del proceso separatista, acercamiento que se producirá en unos diez días. Interior ha dado este paso tras preguntar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena si tiene previstas más diligencias. No obstante, el alto tribunal ha puntualizado que la única solicitud de información recibida procede de la cárcel de mujeres de Alcalá Meco y de Soto del Real y se circunscribe a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la exconsejera Dolors Bassa, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, quienes han solicitado su traslado a las cárceles de mujeres de Barcelona y de Gerona, a Quatre Camins y a Brians II, respectivamente.
Llarena ha contestado a las cárceles madrileñas que «no existe razón procesal que conduzca a la custodia de los procesados en ningún centro concreto», subrayando que la decisión está sujeta a «los criterios penitenciarios» de Prisiones.
A la espera de la celebración del juicio oral, Interior dice haber notificado al juez que tiene intención de trasladar a Cataluña a los dirigentes independentistas en situación de prisión provisional; en el alto tribunal solo tienen constancia de los escritos relativos a estos cuatro de los nueve procesados presos. Desde Interior señalan que se trata de un «protocolo ordinario» que se sigue con cualquier preso catalán con arraigo en esta comunidad autónoma, que tiene las competencias penitenciarias. Cuando sean trasladados, la vida en prisión de los líderes del procés dejará de estar supervisada por Instituciones Penitenciarias y tomará el testigo el Servicio Penitenciario dependiente de la Consejería de Justicia.
Las defensas de los otros cinco presos también ha solicitado a la cárcel de Estremera su traslado, según fuentes jurídicas, aunque al Supremo aún no ha llegado ningún escrito. El exvicepresidente Oriol Junqueras y Raül Romeva lo pidieron el pasado 27 de abril, mientras que Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn procedieron a hacerlo ayer. La respuesta del alto tribunal será la misma que ha enviado en relación a Bassa, Forcadell, Sànchez y Cuixart.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado públicamente el traslado a Cataluña una vez que finalice la instrucción, remitiéndose a cuestiones familiares y también al derecho de defensa de los procesados, que podrán estar más cerca de sus abogados para preparar el juicio. Lo supeditó a que el magistrado instructor diera por concluida la investigación, lo que aún no se ha producido formalmente con el correspondiente auto.
El trámite se inicia con la notificación al juez por si existe algún impedimento de carácter procesal que desaconseje el traslado. Los nueve políticos catalanes en prisión provisional tienen que solicitar este traslado y, tras constatar que no hay impedimento, la junta de tratamiento de sus cárceles e Instituciones Penitenciarias tienen que elaborar un informe sobre la situación familiar y su vinculación con Cataluña. Una vez cumplimentado este informe se informa a la administración catalana, encargada de elegir el centro penitenciario en el que ingresarán los procesados.
