La renuncia de José Manuel Soria por sus 'offshore', la multa de Hacienda a José María Aznar, la erupción corrupta del PP valenciano, el paso atrás de Esperanza Aguirre, la imputación de Ignacio González, el arresto del alcalde de Granada, la implicación de la esposa de Miguel Arias Cañete en los ‘papeles de Panamá’... Desde las elecciones del 20-D el partido de Mariano Rajoy no ha dejado de acumular escándalos, siete en cuatro meses si se cuentan solo los más sonados, y decenas de detenciones y nuevas imputaciones.
La que dijeron que sería una nueva etapa de mayor contundencia contra la corrupción ya empezó con mal pie para los conservadores. Visto el vendaval posterior ahora resulta anecdótico, pero sus riñas internas tuvieron ya en el Congreso por culpa de Ramón Gómez de la Serna. Diputado electo por el PP, el partido intentó forzar su dimisión tras ser imputado junto con el exembajador en la Índia Gustavo de Arístegui por el cobro de comisiones millonarias, pero De la Serna se resistió y se pasó al Grupo Mixto. Nada. Una minucia comparado con lo que se avecinaba.
LA DETENCIÓN DE ALFONSO RUS
El primer gran zambombazo se produjo el 26 de enero. El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y otras 23 personas fueron detenidos en la operación Taula, vinculada al ‘caso Imelsa’: cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas con varios altos cargos del PP involucrados. Se practicaron 33 registros en toda la Comunidad Valenciana (incluido el despacho del PP en el consistorio de la capital).
El cerco sobre Rita Barberá se estrechaba hasta convertirse en un nudo de corbata. La operación Taula derivó en la imputación de nueve de los 10 concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia por su particular 3%. La exalcaldesa seguía indemne y se aferró a ello para mantener el acta de senadora pese a la presión de algunos de sus compañeros, que siguen sin poder sacarse la mosca de la oreja y se temen una nueva 'mascletà' en breve.
LA TRAMA MADRILEÑA
Un no parar. Al 'caloret' del pandemonio valenciano, los conservadores tuvieron que encajar otro golpe. El 11 de febrero, el mismo día en que el expresidente balear Jaume Matas declaraba como acusado en el juicio del 'caso Nóos' por contratar los servicios de la entidad, la Guardia Civil registró la sede del PP de Madrid en el marco de la 'trama Púnica' ante las sospechas de una financiación irregular de más de dos millones de euros. Resultado político: Esperanza Aguirre dimitió el 14 de febrero de su cargo al frente de la formación, que pocos días después sumó otra muesca. Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y del fín de la 'lideresa', fue imputado por un presunto delito de cohecho y blanqueo de capitales en relación a su ático en Estepona.
A lo largo de aquellas primeras semanas del año se procesó además al expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll y a otras 13 personas involucradas en el 'caso Brugal', sobre la adjudicación de un plan de gestión de residuos. También dimitió un concejal del PP riojano tras ser imputado por un presunto delito de corrupción urbanística. Prosiguieron las investigaciones heredadas de los papeles de Bárcenas... y entonces, a principios de abril, otros papeles, los de Panamá, sacaron a la palestra no solo las 'offshore' del ya exministro Soria; también salió salpicado el extitular de Agricultura y eurocomisario popular de Energía Miguel Arias Cañete: su mujer, Micaela Domecq Solís-Beaumont, aparece como apoderada de una firma en el aís centroamericano.
La cuestión era pagar menos a Hacienda e intentar evitar lo que le pasó a Aznar, que fue multado con 70.043 euros por irregularidades fiscales y obligado a hacer una declaración complementaria de 199.052. El montante se conoció el 13 de abril, el mismo día en que fue detenido el alcalde de Granada, José Torres, por una presunta adjudicación urbanística irregular que afecta a otros ediles del PP. Quedó en libertad pero con 10 cargos a sus espaldas y un nuevo flanco abierto para Rajoy. Suma y sigue.
