Los acuerdos están para cumplirlos. O al menos eso sostiene Ciudadanos, el único partido que apoyó con sus 32 'síes' la investidura de Mariano Rajoy. Entonces, el partido liderado por Albert Rivera defendía que había arrancado al PP seis medidas anticorrupción "que no se habían escuchado en la Cámara en 40 años" y 150 reformas "para cambiar este país". El balance año y medio después no es demasiado halagüeño, y los naranjas han pasado de pelear por ser el "socio preferente" del Gobierno a anunciar que "congelan las relaciones".
El pacto anticorrupción fue la condición previa para que los dos partidos se sentaran a negociar, y el compromiso fue tramitar las medidas "durante los tres primeros meses de la legislatura". 18 meses después solo se ha cumplido una de las seis exigencias: la creación de una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP que este igualmente no habría podido evitar por su minoría.
La que tiene más visos de llegar a buen puerto es la que pide eliminar los indultos a condenados por delitos de corrupción. Ahora mismo está en plazo de enmiendas una proposición del PSOE a favor de cuya toma en consideración votaron todos los grupos. En las 150 medidas, la exigencia previa se concretó en el punto 95, que recoge el compromiso del Gobierno de no conceder este tipo de indultos. Y no se ha cumplido: en el 2017 recibieron la medida de gracia seis condenados por prevaricación, considerada como corrupción por el CGPJ, aunque el ministro de Justicia defendió su decisión en que "no hubo enriquecimiento personal" de los condenados.
Aforamientos y limitación de mandatos
El PP se comprometió también a acabar con los aforamientos para políticos y representantes públicos. Cs ha preguntado dos veces en el pleno qué hará el Ejecutivo para impulsar esta medida, y la respuesta ha sido que hay que reformar la Constitución. Ciudadanos planteó a finales del 2016 una reforma exprés, pero el PP la acabó desechando. La misma suerte ha corrido la limitación de mandatos. Cs planteó que podía hacerse añadiendo un supuesto de ilegibilidad del presidente del Gobierno y presentó una proposición de ley en septiembre, pero el PP usó el mismo argumento: hay que reformar la Constitución. No obstante, los naranjas tratan ahora de darle impulso de la mano del PSOE y Podemos.
También pactaron impulsar una nueva ley electoral que "incrementase la proporcionalidad". Hay creada una subcomisión en el Congreso, pero Ciudadanos ya ha iniciado contactos con Podemos para darle un impulso a una reforma que PP y PSOE se han resistido históricamente a abordar. Los populares se escudan en que la nueva ley debe hacerse "desde el consenso parlamentario". Y mientras PSOE y PP sigan alineados en que la propuesta es "electoralista", no ve por qué tendría que apoyarla.
El compromiso que más problemas suscita es el de apartar del partido a los imputados "formalmente" por delitos de corrupción. Albert Rivera presiona al PP para que aparte a la senadora Pilar Barreiro, imputada en la 'trama Púnica'. El problema está en que ambos partidos tienen distinto criterio sobre qué es una imputación formal. El PP se agarra a que hay que esperar al procesamiento y no basta con la mera investigación. Rivera insiste en que mientras Barreiro no se vaya, da por congelado su apoyo al PP, también para los Presupuestos.
Revisión pendiente
Cs nunca ha hecho una revisión pública del cumplimiento del pacto, pese a que se comprometieron a hacerlo cada tres meses. Desde el partido aseguran que aunque no han hecho un cálculo "porcentual" de medidas cumplidas, en cada rueda de prensa "se ha ido preguntando". Quienes sí hicieron el cálculo fueron los socialistas, que estimaron que el 85,8% del pacto está incumplido. El PP dice tener un informe interno que indica que ya se ha cumplido el 70%.
Pero revisando punto por punto, la cifra del PSOE es más acertada: apenas se ha completado o puesto en marcha una cuarta parte del acuerdo. En lo que se refiere a los plazos que fijaba --solo 25 de las 150 medidas tienen acotación temporal--, prácticamente todos los que ya han pasado se han incumplido. Además, el acuerdo incluye 10 pactos de Estado o nacionales y uno entre "las fuerzas constitucionalistas", de los que solo se ha aprobado uno: el pacto de Estado contra la violencia de género.
