Los numerosos encuentros y contactos mantenidos en los últimos tiempos por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez sobre la crisis territorial sirvieron para que ambos dirigentes alcanzaran a un pacto: el PSOE apoyaba al Ejecutivo central en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya (para destituir al Govern y convocar elecciones) y el PP se comprometía a abordar la reforma de la Carta Magna. Sin embargo, este miércoles, durante la constitución en el Congreso de la comisión territorial, primer paso para cambiar la ley fundamental, los populares han enfriado esta parte del acuerdo entre el presidente y el líder de los socialistas.
“No hay una demanda social para cambiar el modelo autonómico”, ha dicho el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro, que ejercerá de portavoz del partido en este organismo parlamentario. “Nosotros no somos federalistas. Nuestra línea será reforzar la cohesión territorial. Nuestras propuestas serán para fortalecer el Estado, no para debilitarlo. No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución, sino de modernizar el Estado autonómico”, ha continuado, subrayando que para cambiar el sistema de financiación y los mecanismos de cohesión territorial, por ejemplo, no es necesario modificar la Constitución.
Las palabras de Bermúdez de Castro implican un cambio de actitud respecto a lo expresado por Rajoy. "Se puede hablar de todo. Incluso se puede plantear la propia reforma de la Constitución: esta dista mucho de ser una ley perpetua, ni tiene pretensión de serlo. En absoluto, todas y cada una de sus determinaciones, incluidos sus preceptos más esenciales, pueden ser modificadas", dijo el presidente del Gobierno el pasado 12 de octubre.
El PSOE, mientras tanto, continúa defendiendo un cambio constitucional en un sentido federal, para blindar competencias autonómicas, reconocer hechos diferenciales, reformar el Senado y avanzar en la plurinacionalidad del Estado, pese a que esta última propuesta haya dejado de tener cabida en los últimos mensajes de Sánchez. El líder socialista no hizo ninguna mención a esta iniciativa en su discurso del pasado sábado ante el comité federal del partido.
El fin de la "anomalía"
La comisión territorial, cuyo nombre completo es comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico, nace con importantes carencias. No solo por la aparente falta de voluntad del PP en reformar la Constitución. También porque ni Unidos Podemos, ni ERC, ni el PDECat ni el PNV quieren participar en ella por ahora. La antigua Convergència dijo en un primer momento que se sentaría en el organismo, pero los acontecimientos relacionados con la crisis territorial, en especial los encarcelamientos de los miembros del Govern, han provocado su cambio de criterio.
Aun así, los partidos mayoritarios confían en que estos partidos participen en la comisión tras las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre. “Aquí deberíamos estar todos. Esperemos que quienes no están hoy se acaben sumando”, ha señalado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra. A su juicio, el organismo viene a poner fin a una “anomalía”, ya que “no había en el Congreso un espacio para el diálogo y ahora sí lo hay”. “Hay algunos que se llenan la boca del diálogo y luego no participan”, ha dicho Bermúdez de Castro.
Seis meses de trabajos
El organismo, cuyo presidente será el socialista José Enrique Serrano, tiene un periodo de funcionamiento de seis meses, tiempo en el que los grupos participantes invitarán a expertos y dirigentes para que trasladen su punto de vista sobre el modelo territorial. El PSOE, por ejemplo, tiene pensado llamar, entre otros, a los padres de la Constitución, los presidentes autonómicos y los miembros del Consejo de Estado. La comisión intentará después acordar unas conclusiones, que a su vez tendrían que ser votadas por el pleno del Congreso.
Si salen aprobadas, la intención del PSOE, y lo acordado por Sánchez y Rajoy, es abrir a su vez una comisión constitucional, encargada de abordar una reforma de la Carta Magna que con las actuales mayorías no se podría llevar a cabo sin el concurso del PP. Pero los conservadores, según explican fuentes del partido, quieren ahora mantener una “posición pasiva” y centrarse en el sistema de financiación, algo que también está abordando el Ministerio de Hacienda. Ciudadanos sí es partidario de modificar la ley fundamental, y este miércoles ha participado en el inicio de la comisión, pero con un enorme escepticismo. “No creemos que este sea el instrumento para abordar la reforma constitucional. No creemos en una pista de aterrizaje para los independentistas”, ha dicho el diputado Ignacio Prendes.
