El PP valenciano, un partido en descomposición

Rafael Blasco. Desde el 2015, cumple su primera condena de seis años y medio de prisión por el 'caso Cooperación'. El Tribunal Superior de Justicia valenciano (y el Supremo confirmó la pena por malversación, prevaricación y falsedad documental) consideró probado que durante su mandato al frente de la Consejería de Solidaridad, Blasco desvió ayudas públicas para proyectos de desarrollo en Nicaragua por más de 1,5 millones de euros en "beneficio propio" para comprar inmuebles y un garaje en Valencia. Viejo conocido de la política, Blasco militó primero en el antifranquismo, llegando a ser portavoz del FRAP. En su viaje ideológico, se afilió al PSPV y fue el primer consejero de Presidencia de Joan Lerma. El socialista le expulsó de sus filas a finales de los 80 por sospechas de soborno a los funcionarios de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, que por entonces ocupaba con aquel don de la oportunidad que siempre tuvo. Eduardo Zaplana lo recuperó para el PP. Con los conservadores pasó por cinco consejerías. Y en todas ellas se rodeó de una "camarilla" más o menos fija de funcionarios a la que la justicia también sigue la pista. Tiene pendiente dos juicios más por el 'caso Cooperación', una causa considerada compleja en la que la investigación cree que Blasco se ayudó de dirigentes y funcionarios afines para "perfeccionar" de manera continuada en el tiempo el desvío de fondos públicos.

Juan Cotino. En una pieza separada del 'caso Gürtel', la Audiencia Nacional le juzgará como principal organizador de la visita del Papa a Valencia, en la que empresas del grupo de Francisco Correa sin experiencia se beneficiaron de los contratos de retransmisión de la jornada a través de Canal 9. El precio de negocio (7,4 millones de euros) dobló la valoración del servicio (unos tres millones) que hicieron los técnicos de la casa.Amigo personal de Rita Barberá (de quien fue concejal) y valedor de Francisco Camps (ambos comparten su fervor eclesiástico y Cotino es un reconocido miembro del Opus Dei). Sobre él pesa la sospecha de haber intentado comprar el silencio de las víctimas del accidente de metro para que no pleitearan contra una Generalitat de la que un año después llegó ser vicepresidente tercero, un cargo que Camps creó expresamente para Cotino y que nadie más ocupó. También se ha visto salpicado por el'caso Brugal', en una pieza derivada la macrocausa de la corrupción del PP alicantino, por los negocios turbios de las empresas de su familia en las residencias de tercera edad subvencionadas por la Generalitat.

Carlos Fabra. Más allá de su aeropuerto fallido, de su control férreo de la provincia y de sus exabruptos públicos, 'don Carlos' cumplió condena (y salió de la cárcel) no estrictamente por corrupción, sino por defraudar a Hacienda. La justicia no pudo probar que había recibido "cantidades millonarias a cambio de favores políticos", incluidas peticiones a altos cargos del PP en Madrid, de lo que se le acusaba en el 'caso Naranjax'. El empresario Vicente Vilar, durante muchos años su amigo y socio que le acusó de tráfico de influencias y cohecho, cambió su versión en el juicio. No quiso meterlo "en un lío que no se merece", ni autoinculparse; no hay soborno, ni sobornado, sin sobornador.

Joaquín Ripoll. Otro de los barones provinciales del PP que pasó a formar parte de la historia ignominiosa del partido. El expresidente de la Diputación de Alicante y del PP en la provincia está procesado por el amaño del plan de gestión de basuras de la comarca de la Vega Baja, dentro del 'caso Brugal'. Ripoll ha admitido su amistad con Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, los dos principales empresarios acusados en la causa, que han amasado sendas fortunas al calor de los contratos públicos que el PP les ha adjudicado durante dos décadas en todas las administraciones que ha gobernado.

Francisco Camps. Dimitió tras su imputación en el juicio de los trajes, una pieza que la justicia valenciana decidió juzgar por separado del 'caso Gürtel', a pesar de que las empresas implicadas pertenecían al grupo Correa, a la "facción valenciana" del entramado presuntamente corrupto. Con prácticamente todos sus consejeros y cuadros directivos implicados en casos de corrupción, Camps sigue coqueteando con la idea de volver a presentarse a las elecciones presidenciales valencianas. En su delirante última rueda de prensa, aseguró que si concurriese de nuevo ganaría "de carrera" (sic). Aparte de Gürtel, otro asunto relacionado con las carreras puede resultarle caro a ojos de la justicia: el contrato blindado por la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia que firmó con el magnate Bernie Ecclestone, también está bajo sospecha. La asunción de la deuda de la empresa privada impulsada ad hoc por parte de la Generalitat tiene también bajo la lupa a su predecesor, Alberto Fabra, ahora en el Senado. Con su caída, Camps arrastró también al que fuera su secretario general, Ricardo Costa, uno de los principales procesados por la financiación irregular del PP valenciano en las campañas electorales del 2007 y 2008.

Serafín Castellano. Estaba llamado a "regenerar" el partido, pero la Guardia Civil le detuvo cuando estaba trabajando en ello, como delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, cuatro días después de las elecciones autonómicas del 2015. Su nombre sonaba en Valencia esos días para presidir el PPCV que Alberto Fabra acababa de abandonar tras la "hostia" electoral. Está imputado por presuntas irregularidades en contratos antiincendios en el 'caso Avialsa', una causa que investiga un supuesto "cártel del fuego" para beneficiarse de contratos públicos en toda España, que también ha salpicado a Cataluña. Castellano había sido un superviviente en el PP hasta entonces. Era un enemigo acérrimo de Alfonso Rus, con quien disputó el liderazgo en la provincia, y de la unidad de la lengua catalana.

Alfonso Rus. Pieza clave del 'caso Imelsa', su detención en enero del 2016 puso a temblar de nuevo al PP valenciano y complicó (todavía más) la posibilidad de Mariano Rajoy de pactar un gobierno. La causa arrastró a su amiga Rita Barberá, que a partir de entonces empezó a llamarle "el señor Rus". Está imputado por los delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias, además de contrataciones ficticias, a cargo de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de València que presidió. Perdió la alcaldía de Xàtiva, en la que estuvo 20 años, a raíz de la grabación en la que presuntamente se le escucha contando hasta "dos millones de peles" de procedencia dudosa. Lenguaraz como sus colegas Carlos Fabra y Joaquín Ripoll, Rus se ha quedado mudo ante la justicia y sostiene que "todo es un montaje" político. Algún día, insiste, explicará el supuesto complot contra él.

Sonia Castedo. Otra que vio una persecución política contra ella fue la exalcaldesa popular alicantina, que tras muchos meses de tiras y aflojas con su partido, finalmente anunció su dimisión vía Facebook. Está imputada por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en los casos 'Brugal' y 'Rabassa'. Como Joaquín Ripoll, también se muestra orgullosa de ser íntima amiga de Enrique Ortiz, promotor que a su vez ha admitido financiar ilegalmente al PP, con quien compartió fiesta de pijamas, viajes y veladas en yate.

Alfonso Grau. Era el alcalde en la sombra de Valencia, hasta que fue procesado en el 'caso Nóos' y se vio forzado a apearse de las listas municipales. El exvicealcalde de la ciudad, está imputado en el 'caso Taula' por financiación ilegal por ser una de las personas que tenía acceso a las cuentas del PP local. Está siendo investigado también por cohecho y blanqueo de capitales por adjudicaciones irregulares a un empresario, en otra causa.

María José Alcón. Esposa de Grau y una de las piezas clave del 'caso Imelsa'. Fue regidora de Cultura de Rita Barberá. Es ella quien confiesa a su hijo, en una grabación integrada en la causa, que en el PP habían hecho "una trampa" para "blanquear dinero" y que esto era "corrupción política total", en relación a la entrega de billetes de 500 euros.

María del Carmen García-Fuster. Ella era, según la investigación del 'caso Imelsa' quien entregaba los billetes de 500 euros a cambio de las aportaciones legales de concejales y asesores del PP de Valencia. Desde 1991 fue la secretaria del grupo, la mano derecha, los ojos y los oídos de Rita Barberá. Por eso el instructor cree que sería "incoherente" que la exalcaldesa no fuera imputada en este caso, en el que hasta 47 miembros del PP local están siendo investigados.

Marcos Benavent. Con él empezó el 'caso Imelsa'. Durante años, grabó y guardó conversaciones que implicaban a dirigentes populares en una trama de mordidas que la investigación sitúa en todas las administraciones que controlaba el PP. Su suegro entregó estas grabaciones al juzgado. Benavent, íntimo de Alfonso Rus, ha optado por colaborar por la justicia en busca de una reducción de condena. "Va a salir mierda a punta pala", avisó en su primera aparición pública como "yonqui del dinero". Y, de momento, la porquería se sigue escampando.

Miguel Domínguez. Si alguien o algo no lo remedia antes, será muy probablemente el primer diputado autonómico del PP imputado en esta legislatura. El exconcejal de Seguridad Ciudadana de Rita Barberá ha declarado ante la Guardia Civil por el blanqueo de capitales igual que sus excompañeros en el consistorio, pero como está aforado, su situación se asemeja a la de la exalcaldesa. En su caso, deberá responder ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Como las encuestas internas del PP pronosticaban una fuerte caída de votos en Valencia ciudad, el partido colocó a Domínguez. Juró el cargo de diputado "ante Jesucristo crucificado y los Santos Evangelios". Avalado por Cotino y Barberá, Domínguez estuvo al frente de la seguridad durante la visita del Papa Benedicto XVI.