Por si las moscas, el Estado ha decidido activar la maquinaria burocrática ante la posibilidad de que la investidura vuelva a fracasar. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dado instrucciones internas a las diferentes delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral para tener preparadas las mesas y los locales electorales «en previsión de que el 23 de septiembre se convoquen nuevas elecciones a Cortes Generales para su celebración el día 10 de noviembre».

En una comunicación interna, avanzada por la cadena SER, el organismo público explica a los municipios que, cara a una posible repetición electoral, los funcionarios deben comenzar a poner al día los datos censales y preparar las distribuciones en las mesas electorales. El escrito enviado indica que deberá tenerse en cuenta que la Junta Electoral Central (JEC) aconseja evitar los cambios de locales de unas elecciones a otras; que todas las mesas de una misma sección quedarán ubicadas en la misma sección y evitar las barreras arquitectónicas, a la vez que recomienda comprobar todos los datos y, en caso de detectar errores o prever algún cambio, comunicarlo a la delegación del INE haciendo constar las correcciones.

Según fuentes del INE consultadas por Europa Press, se trata de un mero trámite para adelantar trabajo dado lo apretado de las fechas y, en caso de que se celebren nuevas elecciones generales, aprovechar los 47 días de convocatoria oficial para atender reclamaciones y subsanar posibles incidencias.

La instrucción se ha enviado coincidiendo con la consulta de varias delegaciones provinciales que querían saber cómo actuar si hay nueva convocatoria. Es decir, si tenían que utilizar las mesas y locales de las generales o de las autonómicas. Las fuentes citadas explican que en caso de repetición electoral los plazos son muy ajustados, y entre las vacaciones y la premura de la posible convocatoria, se reducen de forma considerable los tiempos.

139 millones de gasto

Organizar unas nuevas elecciones generales tendría un coste mínimo para el erario de 139 millones de euros, que fue el precio de los comicios del pasado 28 de abril. Este montante incluye el envío de la propaganda de los partidos, la labor de Correos para hacer llegar el voto, la impresión de las papeletas y los sobres, el gasto de las mesas electorales, el refuerzo en la seguridad y el pago a la empresa encargada de distribuir la información de las juntas electorales y gestionar el escrutinio desde el punto de vista informático.

La mayor parte del gasto de las elecciones, casi 59 millones de euros, se lo llevaron las administraciones públicas, sobre todo por los dispositivos de seguridad y los trámites del censo electoral. Una cifra casi similar, 56,6 millones, se destinó al trabajo de Correos. La logística electoral supuso otros 14 millones y la difusión del escrutinio por parte de Indra, casi ocho millones.