El día de la sentencia del 1-O, Pedro Sánchez afirmó que «el acatamiento del fallo significa su íntegro complimiento», pareciendo descartar el indulto para los presos, una medida cuyo uso se había mantenido menguante hasta la llegada del socialista a la Moncloa. El Gobierno indultó a 39 personas en el 2019, más del doble que las 17 que recibieron el perdón el año anterior, aunque siguen siendo menos del 1% de las solicitudes presentadas. Se rompió una tendencia a la baja que se mantenía desde el 2012. Lejos quedan aquellos años en los que los indultos se contaban por cientos, como los 501 del 2012, o incluso por miles, como los más de 1.700 del año 2000.

Aunque nació con carácter provisional, la ley del indulto mantiene casi intacta su redacción desde 1870. Mariano Rajoy se comprometió a no indultar a condenados por corrupción, pero seis de los 26 indultados en el 2017 cumplían penas por prevaricación, un delito que el CGPJ sí incluye en esta categoría.

Al exministro socialista José Barrionuevo y a su secretario de Estado Rafael Vera les fueron perdonados dos tercios de las penas por el secuestro de Segundo Marey por los GAL. Era 1998 y gobernaba Aznar. Cuatro años antes fue el PSOE el que indultó al alcalde de Marbella Jesús Gil, que había sido condenado por estafa, con la condición de que no volviera a cometer delito. Con esta gracia también fue bendecido el consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz pese al criterio contrario del Tribunal Supremo. La decisión la tomó Zapatero estando en funciones.

La concesión de indultos se delibera en los consejos de ministros, pero rara vez se da cuenta de ellos en la rueda de prensa. Los nombres agraciados solían permanecer ocultos en las páginas del BOE. Muchos se concedían por cientos aprovechando la Semana Santa. El caso más llamativo fue el año 2000, cuando el ministro popular Ángel Acebes batió todos los récords con el argumento de que el Papa había pedido «gestos de clemencia con los penados» con motivo del Año Jubilar. Hasta 1.443 indultos de una tacada, entre ellos el exjuez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación continuada en el caso Sogecable y contra el criterio del Supremo; y los condenados por financiación irregular en el caso Filesa .

En 1988, un Gobierno socialista indultó al exgeneral Alfonso Armada, condenado a casi 30 años por su colaboración en el intento de golpe de Estado del 23-F. H