Antes incluso de que se convoquen oficialmente las elecciones, los dirigentes políticos que han sido incapaces de pactar un Gobierno se han topado con el primer síntoma del hastío ciudadano. El Instituto Nacional de Estadística (INE) tenía registradas a mediodía de ayer las peticiones de más de 112.000 personas que no quieren recibir propaganda electoral de las generales del 10-N, según fuentes del organismo consultadas por Europa Press.

La decisión de recibir propaganda electoral está cobrando importancia debido a que las elecciones que se celebren el 10 de noviembre serán los cuartos comicios en cuatro años. De hecho, ya han surgido campañas en las redes sociales en las que se pide que no se envíe propaganda electoral, ya que la nueva convocatoria a las urnas costará al erario unos 140 millones de euros.

Esta posibilidad de rechazar la propaganda electoral se aplicó ya en las generales del pasado 28 de abril y la medida es fruto de la reforma que se llevó a cabo en el 2018 de la ley electoral general (LOREG). De hecho, el Instituto Nacional de Estadística informó el 7 de marzo pasado de que estaban a disposición de todos los votantes los formularios para poder aplicar esta medida.

En aquel momento se dio de plazo a los ciudadanos hasta el 18 de marzo, es decir, hasta el decimotercer día posterior a la convocatoria. En esta ocasión aún no se ha informado de la fecha tope hasta la que se puede realizar esta petición al INE, ya que, aunque se ha certificado que habrá elecciones, las Cortes no quedarán disueltas hasta la publicación en el BOE el próximo martes.

Pero los electores están efectuando ya las peticiones a través de internet, en la web del INE. La solicitud se puede realizar también en los ayuntamientos, en las oficinas consulares y en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral.