Por encargo del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, la comisión de investigación abierta en la universidad hará un examen contable de las actividades del Instituto de Derecho Público (IDP), que gobierna desde su creación, en 2005, Enrique Álvarez Conde. Este catedrático de Derecho Constitucional dirigió el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
El IDP es un ente autónomo en su denominación; y también en sus cuentas, relatan a Eeste diario fuentes académicas de la URJC. El Instituto destacaba entre los organismos adscritos a la universidad por su capacidad de captar fondos. Lo que profesores del área de Ciencias Jurídicas de la URJC tildan de «afán comercial» llevó a Álvarez Conde a organizar cursos cada vez más alejados de la especialidad del Instituto.
En el curso 2014/2015 y en el siguiente impartió un «máster en terapia sexual y de pareja», otro en «sexología y género» y un curso para «título superior universitario en detective privado», entre otros. Las matrículas tenían precios de entre 1.500 y 9.000 euros. Las mismas fuentes relatan cómo, en la gerencia de la universidad, menudeaban cada año las quejas por el escaso rigor contable y la pérdida de documentación del Instituto.
A los miembros del consejo asesor no se les preguntaba: se les inscribía directamente, aunque luego no participaran en sus reuniones Parecido rigor tenía la inscripción de profesores como miembros de su Consejo Académico. El IDP luce un listado de 78 docentes. Ayer dimitió la subdirectora del IDP, la especialista en leyes de igualdad de género Laura Nuño, explicando que se siente engañada. La comisión de investigación de la URJC retomaba su trabajo, con dos invitados externos enviados por la Conferencia de Rectores. Desde que la universidad envió datos sobre el máster de Cifuentes a la Fiscalía, la comisión excluye de su investigación a ese máster, pero no el resto de actividad del IDP.
Ayer mismo, la Policía comenzó una ronda de tomas de declaraciones entre las profesoras cuyos nombres aparecen en el acta falsificada de evaluación de un Trabajo Final de Máster de Cristinta Cifuentes, según informó El Confidencial.
La Fiscalía de Móstoles ha pedido a la policía que interrogue, además de a Álvarez Conde, a sus tres subordinadas, las profesoras Alicia López de los Mozos, Clara Souto y Cecilia Rosado, supuestas integrantes de un tribunal que no se reunió y cuya acta se falsificó. Una de ellas, según publica eldiario.es, aseguró a los agentes que la interrogaban que tiene grabadas amenazas de Álvarez Conde para que estampara su firma en el acta.
