La actividad del Congreso de los Diputados languidece de forma inversamente proporcional al ritmo trepidante del ‘procés' y el devenir de la crisis en Cataluña. Ni siquiera los diputados más experimentados recuerdan una etapa con tan escasa actividad parlamentaria. A punto de cerrar el año, la Cámara baja solo ha aprobado nueve leyes. El PP, el PSOE y Ciudadanos han logrado sacar adelante una cada uno, mientras que otra norma, la de asistencia jurídica gratuita, ha sido producto de un pacto entre populares y socialistas. Las cinco restantes provienen del Gobierno, pero cuatro de ellas suponen la trasposición o aplicación de ordenamiento de la UE, quedando la obra legislativa propia del Ejecutivo reducida a una sola iniciativa: los Presupuestos del 2017.
El principal motivo que explica la escasa fertilidad del Congreso en la XII legislatura se encuentra en el desafío independentista. La Cámara baja se ha convertido en la caja de resonancia de la crisis catalana, con los partidos usando sus escaños más como altavoz de sus posiciones respecto al ‘procés’ y a la respuesta del Estado que como base un trabajo de moqueta, insípido y gris, pero imprescindible para aprobar leyes.
La actividad de la oposición se ha centrado en los últimos meses en reclamar al Gobierno respuestas sobre el antes y el después del referéndum unilateral del pasado 1 de octubre. El propio Ejecutivo ha estado más sumergido en pilotar una salida alternativa al rumbo independentista que en su tarea de legislar. Si esa tendencia adormeció el trabajo del Congreso durante todo el mes de octubre, ahora se ha instalado el clima de precampaña ante las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.
EL ROL DE LOS SOCIALISTAS
El papel de los socialistas tiene un importante peso en la parálisis parlamentaria. La legislatura nació con la forzada salida de Pedro Sánchez del liderazgo del PSOE y la abstención en la investidura de Mariano Rajoy, impulsada por la gestora que se hizo cargo del partido. En esos primeros meses, populares y socialistas sellaron acuerdos de elevado valor simbólico, sobre la subida del salario mínimo interprofesional y los objetivos de déficit, pero el regreso de Sánchez trajo consigo, al menos en un primer momento, un enfriamiento de los vínculos entre las dos principales fuerzas políticas.
“España hoy sufre un presidente en funciones, de un Gobierno en funciones, y con el silencio cómplice de Ciudadanos, el partido que lo sustenta. España sufre un Gobierno instalado en la desidia”, dijo la semana pasada el líder del PSOE, durante una comparecencia en la que denunció el incumplimiento del 85% de las medidas incluidas en el pacto de investidura que Rajoy firmó con Albert Rivera.
Es una acusación que también suele lanzar la portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, cuando se mide con el presidente en las sesiones de control. Hay datos que la avalan. Las cinco leyes aprobadas por el Ejecutivo desde el pasado diciembre contrastan con las 25 que sacó adelante en el primer año de la X legislatura, cuando contaba con mayoría absoluta.
Pero Sánchez quiere mover al Gobierno. Lejos de instalarse en el ‘no’ a Rajoy, el secretario general del PSOE ha normalizado su relación con el líder del PP, y tras el apoyo a la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, se muestra abierto a alcanzar nuevos pactos con el Ejecutivo (fundamentalmente sobre política territorial, educación y financiación), una actitud con la que intenta subrayar su apuesta por ocupar el centro político.
MÚLTIPLES REPROBACIONES
La frágil mayoría del PP también dificulta la aprobación de leyes. Más allá de la escasa actividad del Gobierno, las expectativas de obtener respaldo parlamentario en la oposición constituyen un freno al trabajo legislativo. Los conservadores aprobaron los Presupuestos con sudor y lágrimas, sufren en cada negociación para sumar los votos de partidos que no quieren quedar contaminados por su apoyo a Rajoy y venden su respaldo puntual a precio de oro. El PNV y Nueva Canarias con las cuentas del 2017 son el ejemplo más claro.
El equipo ministerial del presidente es, además, el más censurado de la democracia. Los titulares de Justicia, Interior, Hacienda y Exteriores han recibido la reprobación de un Congreso que se encuentra, asimismo, revuelto en las formas. La presidenta, Ana Pastor, ha llamado al orden a diputados como Gabriel Rufián (ERC) y Diego Cañamero (Unidos Podemos) por su conducta en el hemiciclo.
Pero el bloqueo parlamentario no afecta solo a las limitadas iniciativas del PP. El Gobierno ha vetado en lo que va de legislatura una cincuentena de propuestas de la oposición debidamente aprobadas. El Ejecutivo se acoge a que implican un incremento del gasto presupuestario, circunstancia que le permite bloquearlas. Uno de los últimos casos es el del aumento de las pensiones de viudedad, impulsado por el PSOE, que queda durmiendo en el cajón aunque cosechase la mayoría suficiente en la Cámara para salir adelante.
