El juzgado que investigaba desde 2013 las supuestas facturas falsas en el sindicato UGT Andalucía ha decidido procesar a la antigua cúpula de la organización al considerar que se habría producido un fraude en subvenciones por valor de 40,7 millones de euros. La investigación permitió determinar el acuerdo que había con varias empresas proveedoras, cuyos responsables se sentarán también en el banquillo, para que le dieran una cobertura documental y contable "para obtener fondos dedicados a la formación y poder desviarlos al sostenimiento de los gastos corrientes del sindicato".
La Guardia Civil llegó a asegurar en mitad de la operación policía que provocó el registro de la sede principal de UGT en Sevilla y la detención de una veintena de trabajadores que "el fraude era la principal vía de financiación del sindicato". Y las prácticas corruptas se prolongaron durante al menos una década, según esas fuentes policiales, aunque ahora el juzgado acota el periodo al quinquenio 2009-2013. La operación supuso un auténtico terremoto en la organización y que UGT Andalucía quedara en manos de una gestora temporalmente. Ahora, el juzgado de instrucción 9 de Sevilla concluye las investigaciones confirmando esas sospechas y dicta un auto de procedimiento abreviado para que las partes formulen su escrito de acusación y se fije la fecha de la vista oral.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaron que el procesamiento afecta a 15 personas, a quienes atribuye los delitos de falsedad en documento mercantil y fraude en subvenciones. Se trata del ex vicesecretario de Organización y exsecretario general del sindicato Francisco Fernández Sevilla; el que fuera secretario general de Administración de UGT-A; la secretaria de Gestión Económica; la responsable del departamento de Compras de UGT-A; y otras 11 personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de las empresas que representaban. Asimismo, se archivan provisionalmente las diligencias sobre otros nueve investigados, entre ellos el también exsecretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, todopoderoso líder de la organización durante 15 años y con una "situación de incapacidad sobrevenida". Para el resto, el juzgado arguye que no hay indicios suficientes para continuar investigados.
DINERO DESTINADO A ACCIONES FORMATIVAS
El auto carga duramente contra el proceder del sindicato. "Se ha constatado la existencia de procedimientos concertados entre los responsables de UGT-A y determinados proveedores a fin de que, de una forma coordinada, pudieran facilitar al referido sindicato una vía de financiación para la práctica de sus actuaciones propias", señala, reprochando que el dinero destinado a práctica de acciones formativas con personal ocupado y desocupado se acabó utilizando con "fines distintos".
El juez desglosa los tres mecanismos usados por el sindicato para desviar esos 40,7 millones de euros de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía. Por un lado, el sindicato se beneficiaba de los descuentos que los proveedores le realizaban en las diferentes facturas, "sin que dichos descuentos se declararan a la Administración que otorgaba la correspondiente subvención completa", un mecanismo conocido como rappel. Además, mediante el procedimiento que los trabajadores conocían como bote, UGT-A "se financiaba con cargo a un saldo acreedor, generado mediante el pago a proveedores de facturas simuladas" que "no corresponderían a servicio prestado alguno" pero que "eran imputadas a programas subvencionados".
Como tercera "vía de financiación fraudulenta", el juez señala que el sindicato "habría efectuado la cesión en usufructo de locales de su propiedad" a una sociedad mercantil, Soralpe I Mas P Asociados S.L. -de la que UGT-A era socio único- "mediante contratos elevados a público entre dichas empresas". Así, se trataba de un "mecanismo fraudulento orientado a la obtención de fondos con cargo a subvenciones mediante la organización de un sistema de alquileres por aulas empleadas para la formación, que no generaban realmente un gasto".
La causa se inició en verano de 2013 a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias sobre el supuesto desvío de dinero procedente de subvenciones de la Junta de Andalucía para fondos de formación de parados a otros fines o actividades de UGT, como comidas en la feria de Sevilla, la compra de obsequios como maletines de piel para congresos o pancartas y publicidad de la huelga general de 2010 contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
