El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto sentar en el banquillo por un delito de encubrimiento a los dos mossos d’Esquadra que acompañaban al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, en la Semana Santa de 2018.

El magistrado, conforme le había solicitado el ministerio fiscal, distingue entre ellos y las otras dos personas que estaban con el expresident cuando fue arrestado: el empresario Josep Maria Matamala, ahora senador, y el profesor Josep Lluís Alay, para las que decreta el archivo.

La diferencia está en que estos no son funcionarios públicos y no consta que proporcionasen al huido el vehículo en el que viajaba, lo condujesen o le proporcionasen cualquier otro tipo de ayuda. En cualquier caso el juez no podría continuar con la investigación relativa a Matamala, porque al haber sido elegido senador se convirtió en aforado y solo podría ser investigado por el Supremo.

El juez, que da 10 días a la fiscalía para que presente su escrito de acusación, considera concluida la instrucción y procede a transformar las diligencias en procedimiento abreviado en lo que se refiere a los mossos Xavier Goicoechea y Carlos de Pedro. Ambos, de permiso cuando acompañaban a Puigdemont.

García-Castellón utiliza argumentos similares a los utilizados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando ordenó reabrir la causa, después de que su primer instructor, Diego de Egea, la archivara. El tribunal declaró entonces que ambos agentes tenían que conocer «necesariamente» la situación de huido de la justicia de Puigdemont, cuando viajaban con él en automóvil desde Estocolmo a Bélgica, lo que podía ser constitutivo de un delito de encubrimiento de la rebelión que se imputaba entonces al expresident, ahora reducida a sedición.

«Ambos investigados, puestos de común acuerdo, pese a su condición de funcionarios de la policía y con pleno conocimiento de que Puigdemont tenía una orden de búsqueda y detención europea librada por el Tribunal Supremo, le ayudaron a intentar sustraerse a la acción de la justicia cuando este último se desplazaba desde Helsinki (Finlandia) hasta su domicilio de Bélgica», dice García-Castellón.

CONSCIENTE DE LA ORDEN / El auto señala que Puigdemont era consciente de la existencia de la orden de arresto, pues como se detalla en el informe policial aportado en la causa, «se le notifica que existía una orden internacional de detención contra él», por lo que «tenía conocimiento de dicha orden».

Tras detallar el trayecto realizado desde Helsinki hasta Alemania, el magistrado dice que «todos estos datos eran por ello conocidos por los investigados». Según el juez, su actuación se dirigía a evitar la captura del huido, «logrando de esta forma su sustracción a la acción de la justicia».