Pablo Casado ha entrado en tierras políticas movedizas con su propuesta de derogar la actual ley del aborto de plazos para volver a la de supuestos de 1985. La de Felipe González. Le han llovido las críticas desde fuera del partido; se puede augurar una importante respuesta social a su posición en vísperas del 8-M y, dato relevante, ha sido cuestionada también dentro del PP. Porque hay una parte de los populares, donde destacan las mujeres, que no comparten la necesidad de retroceder 33 años con un tema que, además, está pendiente de revisión por el Tribunal Constitucional (TC) y causó ya problemas al Ejecutivo de Mariano Rajoy, costándole el puesto a Alberto Ruiz-Gallardón, el ministro que lideró un intento de reforma.

La idea que el actual presidente del PP defiende personalmente desde hace años sobre el aborto tomó forma de iniciativa política el pasado jueves. Al fin y al cabo ahora no es un simple diputado, sino el líder de la oposición con posibilidades de gobernar en coalición en el medio plazo, según todos los sondeos. Sin embargo, el asunto no ha sido discutido en ningún reciente foro popular relevante; no ha formado parte de ningún programa electoral que se haya elaborado bajo mandato de Casado o, lo más paradójico, no se ha tocado en la reciente Convención ideológica que los conservadores celebraron en Madrid. Así las cosas, no es de extrañar que hayan salido a la palestra ya algunas dirigentes y cargos del PP a intentar frenar el asunto.

Esa posición la representa expresamente una alfil del presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, la secretaria general de Igualdad de la Xunta, Susana López Abella, que antes de ostentar el cargo fue portavoz popular en el Parlamento de Galicia para temas de mujer y empleo. López Abella ha salido al paso de la propuesta de Pablo Casado con un tajante «la situación legal actual es adecuada», para añadir que «cada persona tiene que tomar su decisión, es dueña de su cuerpo; y también hay que respetar a las personas, tomen la decisión que tomen».

Casado, que como otros dirigentes del PP nunca ha considerado el aborto un derecho de la mujer -Esperanza Aguirre lo repetía hasta la saciedad cuando estaba en primera línea- justificó su postura aludiendo al invierno demográfico de España. «Si queremos financiar las pensiones y la salud debemos pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos», dijo a la agencia Efe. Pero la gallega López Abella no encuentra relación entre la escasa natalidad española y la interrupción voluntaria del embarazo. «Nada tiene que ver una cosa con la otra», sentenció ayer.

Menos frontalmente, en Génova la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, evitó secundar la opinión de su jefe. «Lo sensato» es esperar a ver qué resuelve el Constitucional ante el recurso del PP a la ley de Zapatero. Desde la izquierda, Irene Montero, portavoz de Unidos- Podemos, no tardó en recuperar el recuerdo de Gallardón, que tuvo que dimitir: «Todos los políticos que han puesto en cuestión los derechos de las mujeres han tenido la misma salida», recordó.