La apertura del Congreso de los Diputados ha traído consigo un buen número de iniciativas que reclaman la derogación de leyes del PP. Las normas a ser anuladas coinciden en muchos casos con las medidas más polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy (la LOMCE, la reforma laboral, la ley de seguridad ciudadana…) y los grupos que las plantean son casi siempre de izquierdas. Las propuestas del PSOE y Podemos tienen una gran sintonía en esta materia, mostrando que si finalmente se logra un acuerdo de gobierno y la legislatura echa a andar, algo que no parece nada claro debido a las diferencias de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a la hora de sellar un pacto, buena parte de las leyes que más rechazo social han causado en los últimos años podrían echarse atrás.

Ciudadanos, en cambio, no ha presentado ninguna proposición en la Cámara baja para tumbar iniciativas del PP, y su alianza con el PSOE ha provocado que las intenciones derogadoras de este último partido hayan bajado en intensidad. Nada dice el acuerdo sobre el compromiso de los socialistas de derogar la última reforma laboral, pese a que el texto sí cambia gran parte de su contenido, por ejemplo reduciendo la capacidad de los empresarios para modificar las condiciones de trabajo y alterando la supremacía del convenio de una empresa sobre cualquier otro.

El pacto de Sánchez y Albert Rivera tampoco plantea tumbar la ley de seguridad ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’. Se limita a comprometerse a reformar los preceptos de esa norma que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional. En enero, un mes antes del entendimiento entre el PSOE y C’s, los socialistas habían presentado proposiciones para derogar estas dos iniciativas de Rajoy.

LOS DERECHOS DE HUELGA

Tanto los socialistas como Podemos han pedido la anulación de la reforma laboral del PP en sendas proposiciones no de ley, que no tienen efecto normativo pero sí simbólico y político, al instar al Ejecutivo a hacer algo. Pero el partido morado no se ha quedado ahí, reclamando asimismo la anulación de la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Socialistas y podemistas también coinciden en echar por tierra la ‘ley mordaza’, la de racionalización de la administración local y el artículo 315.3 del Código Penal, que contempla prisión de hasta tres años para quienes “coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.

ERC tiene registradas proposiciones muy similares sobre estas normas, así como sobre la prisión permanente revisable (es decir, la cadena perpetua) y la LOMCE, llamada ‘ley Wert’ por el exministro de Educación, José Ignacio Wert, quien a finales del 2012, en el Congreso, explicó que uno de sus objetivos era “españolizar a los alumnos catalanes”. El PSOE también reclama tumbar esta controvertida norma. Pero Democràcia i Llibertat (DLl) no. Pese a que republicanos y convergentes se han comprometido a ir de la mano a lo largo de esta legislatura, votando en el mismo sentido siempre que sea posible, su actitud es en este apartado muy distinta. ERC ha presentado muchas iniciativas para derogar medidas del PP (junto a las citadas, el incremento del IVA cultural y el reconocimiento de la tauromaquia como patrimonio cultural, entre otras); DLl ninguna.

Y el PNV, por último, solo una: la prisión permanente revisable, que considera inconstitucional. Fuentes de los nacionalistas vascos señalan que presentarán nuevas proposiciones de derogación en las próximas semanas.