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COMUNIDAD DE MADRID

PSOE y Podemos se unen para blindar el carácter público del Canal de Isabel II

Ambos grupos pretenden disolver la empresa que lo gestiona y derogar varias leyes de Aguirre

 

Esperanza Aguirre. - JOSÉ LUIS ROCA

EL PERIÓDICO / EFE / MADRID
09/05/2017

Los Grupos Parlamentarios de PSOE y Podemos en la Asamblea de Madrid han registrado una Proposición de Ley (PROPL) para llevar a cabo la disolución de la empresa Canal de Isabel II Gestión, así como derogar las leyes autonómicas aprobadas bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre que permiten su privatización. Así se desprende la PROPL que las dos formaciones ha registrado en la Asamblea de Madrid semanas después de destaparse la 'operación Lezo', que investiga la presunta corrupción en el Canal de Isabel II (CYII) y la supuesta financiación irregular en el PP de Madrid.

Con su norma, quieren establecer "un modelo de gestión pública, transparente, democrático y participativo del ciclo integral del agua en la Comunidad" y cerrar la puerta a la posibilidad de privatizar la empresa de aguas. Esto se recoge principalmente en la disposición derogatoria única de la ley, que contempla la supresión del artículo 16 de la ley de Medidas Fiscales de 2008 y del artículo 5 de la Ley de Acompañamiento 2011, relativos a la capitalización del Canal.

Los artículos establecen que el Canal "podrá constituir una sociedad anónima" para llevar acabo actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas, y precisan que este proceso "podrá implicar la enajenación de hasta un máximo del 49 por cien del capital de la sociedad a operadores económicos y ciudadanos", algo que ya ha sucedido.

SEIS MESES PARA LA LIQUIDACIÓN
La Ley de PSOE y Podemos, registrada el pasado 3 de mayo, pone un plazo de seis meses al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para la liquidación y disolución de la Sociedad Canal de Isabel II Gestión S.A. y para que todo su personal, sociedades dependientes, activos y pasivos se integren en la entidad pública Canal.

En su norma, también apuestan por que, en el plazo máximo de seis meses, se adapte la normativa y se revisen los convenios suscritos con ayuntamientos a raíz de la Ley de Medidas Fiscales de 2008. En este punto, indican que cuando sea necesario, la empresa "deberá negociar, proponer y suscribir nuevos convenios o encomiendas en un plazo máximo de seis meses" desde la aprobación de la ley.