N ueva piedra en el camino para la renovación de los órganos institucionales. PSOE y PP han vuelto a encallar en las negociaciones tras más de dos años intentándolo. Pedro Sánchez aseguró ayer que el acuerdo con los conservadores para reelegir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otros, estaba prácticamente hecho, pero que, a última hora, los populares se echaron para atrás. Los conservadores sostienen que su rechazo se debe a la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición y a nada más. Algo que no creen los miembros socialistas. En medio de los dimes y diretes, el presidente del CGPJ y del Tribunal Constitucional, Carlos Lesmes, mostró ayer su descontento con ambos partidos y llamó a terminar con la «anomalía» que supone llevar casi dos años en funciones.

Que había contactos muy discretos entre el Gobierno y el PP durante el verano es un hecho. Pero ambas partes difieren en el alcance y el motivo de la ruptura. Como avanzó El País (y ratificó incluso Génova), el 22 de julio Pablo Casado confirmó por WhatsApp al mismo Pedro Sánchez que estaba dispuesto a retomar las negociaciones para renovar el CGPJ, el TC, el Defensor o RTVE.

Las conversaciones avanzaron en agosto hasta el punto de que, según relató el presidente en TVE, «fructificaron en acuerdos prácticamente al 99%» y que el PP, «inexplicablemente, rompió». Para el PSOE, la razón es simple: Casado, adujo José Luis Ábalos, se echó atrás por la «presión» ejercida por Cayetana Álvarez de Toledo tras su cese como portavoz y por Vox.

Además, Sánchez lanzó una suerte de sonora amenaza con difícil traslación real: «El Gobierno no va a aceptar ningún bloqueo institucional y va a apelar a una mayoría parlamentaria alternativa» para desatascar órganos que «no merecen» estar paralizados porque el PP «no ha aceptado el resultado electoral». Pero la renovación de algunas instituciones está blindada o por la Carta Magna —CGPJ, TC— o por ley orgánica —Defensor—, ya que se exigen mayorías cualificadas, de tres quintos en Congreso y Senado. Ahí el concurso del PP es imprescindible.

Los populares desmintieron rápidamente que Álvarez de Toledo hubiera influido en la ruptura de las negociaciones. El verdadero motivo, explicaron, es Pablo Iglesias y Unidas Podemos. «El pacto de renovación institucional no podía avanzar con el Gobierno arremetiendo contra la jefatura del Estado», apuntan en el escrito, haciendo referencia a las críticas del vicepresidente segundo sobre la Monarquía tras la salida de Juan Carlos I de España. Además, subrayan que la imputación de Podemos por presunta financiación irregular y las llamadas de los morados a pactar el Presupuesto con ERC hacen imposible acuerdos con el Ejecutivo bicolor.

«Una seria anomalía». Así definió Lesmes la situación actual durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo. Lesmes llamó a renovar los órganos «sin mayores dilaciones» para evitar un «grave quebranto para la justicia española». H