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ESTRATEGIA DEL PRIMER PARTIDO DE LA OPOSICIÓN

El PSOE prioriza lo social para dar brío a la reforma constitucional

Reconocen que sus recetas federalistas tienen escaso eco fuera de Cataluña. Los socialistas priman los nuevos derechos y desplazan el debate territorial

 

Pedro Sánchez se dirige a una reunión del grupo parlamentario socialista, en septiembre pasado. - JUAN MANUEL PRATS

JUAN RUIZ SIERRA
05/01/2018

A mediados de diciembre, con motivo del aniversario de la Constitución, el PSOE publicó un documento que sorprendió por lo que no incluía. El texto, llamado Nuevos derechos para un pacto constitucional, hablaba de la salud, de nuevas tecnologías y de medioambiente. Se detenía en la laicidad, la igualdad retributiva y la muerte digna. Pero no decía nada sobre la reforma territorial. Ni una sola mención al federalismo o al reconocimiento de la plurinacional del Estado, una iniciativa que ahora, tras convertirse en una de las principales banderas de Pedro Sánchez en las primarias del partido del pasado mes de mayo, no tiene ningún protagonismo.

El contenido del escrito desentonaba con la reciente trayectoria del PSOE, que desde el 2013, cuando aprobó la llamada Declaración de Granada, se ha centrado sobre todo en la reorganización del sistema autonómico a la hora de abordar los cambios potenciales en la Carta Magna. Pero fue una decisión muy calculada.

Los socialistas quieren poner más énfasis en los otros aspectos de su propuesta de cambio constitucional, sobre todo en los que se refieren a nuevos derechos.

EL MODELO AUTONÓMICO / El enfoque, señalan fuentes de la dirección del partido, pretende recabar nuevos apoyos. Sobre todo en la ciudadanía de fuera de Cataluña, que no acaba de compartir la necesidad de unas recetas territoriales como las que plantea el PSOE, que pasan, entre otras iniciativas, por reconocer hechos diferenciales, blindar competencias autonómicas y reformar el Senado. Según los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo el 13,5% de los españoles son partidarios de un Estado en el que sus comunidades tengan más autonomía que en la actualidad. El 17,3% de los encuestados abogan por suprimir directamente las comunidades, el 9,1% por quitarles atribuciones y el 38,3% por dejar las cosas como están. Los defensores del derecho de autodeterminación representan el 9,3%.

El énfasis en los otros aspectos de una reforma constitucional puede servir de banderín de enganche a quienes ven en el federalismo una suerte de premio a los independentistas catalanes, explican en la dirección del PSOE, donde también se subraya que este es un terreno donde el consenso con el resto de grupos parlamentarios, del PP a Podemos, pasando por Ciudadanos, es en principio más sencillo de alcanzar.

Aun así, es la vertiente territorial la que tiene preferencia en la Cámara baja. De hecho, es la única para la que ya existe un foro de discusión, la comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico. Creado este otoño, este organismo solo se ha reunido una vez, porque el PP y Ciudadanos decidieron suspender sus trabajos hasta después de las elecciones catalanas, y su punto de partida no resulta muy prometedor, por la enorme distancia que separa a los partidos en este asunto. Los conservadores no muestran gran interés en ir más allá de un acuerdo sobre financiación autonómica y los liberales participan en la comisión pero dudan de que vaya a servir para algo, mientras que ni Podemos, ni el PDeCat, ni ERC ni el PNV quieren siquiera sumarse de momento a las reuniones de este órgano.

Todos estos grupos pueden cambiar de actitud cuando así lo deseen, ya que se decidió que la puerta de la comisión permaneciese abierta durante sus seis meses de duración. Los socialistas dicen seguir confiando en que acaben dando el paso cuando haya un nuevo Govern de la Generalitat, si hay acuerdo entre las fuerzas independentistas y no se repiten elecciones en Cataluña. En los días anteriores a los comicios al Parlament del 21 de diciembre, el entorno de Sánchez insistía en que la reforma constitucional tendría que abordarse en cualquier caso, tanto si ganaba el secesionismo como si no.