El PSOE quiere que el Congreso proceda ya a renovar la decena de órganos institucionales cuyo mandato total o parcial ha caducado o caducará en los próximos meses, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) o el Defensor del Pueblo.

En una proposición no de ley registrada en la Cámara Baja, el secretario de Área de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE y diputado por Guipúzcoa, Odón Elorza, argumenta que, una vez que se reanude la actividad parlamentaria tras su «práctica paralización» como consecuencia de la crisis del coronavirus, deberían impulsarse estas renovaciones en las Cortes Generales.

Para ello, el socialista vasco plantea la necesidad de que el Parlamento haga «el máximo esfuerzo» para lograr «un amplio consenso de mayorías reforzadas» en torno a personas de «mérito, objetivamente muy capacitadas, con trayectoria de prestigio y garantía de independencia en el desarrollo de su tarea» para renovar los órganos institucionales conforme a los plazos constitucional y legalmente establecidos.

Pero para que algunas de estas renovaciones sean un éxito, PSOE y Unidas Podemos, que solo suman 155 escaños en el Congreso, necesitan principalmente del concurso del PP, ya que algunos de estos puestos requieren mayorías cualificadas. En la última reunión que el presidente, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, mantuvieron antes del estallido de la crisis del coronavirus, el popular condicionó la renovación de estos órganos a que el Ejecutivo abortase la mesa de diálogo con el Gobierno catalán.

Entre las instituciones pendientes de renovar se encuentra el CGPJ o del TC. El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre del 2018. Pendiente también está la renovación de los cuatro de los doce miembros que conforman el TC que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó el pasado noviembre.

El Gobierno, igualmente, debe renovar el Consejo de Administración de RTVE, reactivando el concurso público que comenzó en agosto del 2018 y que se congeló en marzo del año pasado, con la convocatoria de elecciones de abril.