El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bruselas, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Antoni Comin y Meritxell Serret, están convocados mañana a partir de las dos de la tarde ante el tribunal de Bruselas que deberá decidir si ejecuta o no la orden europea de detención y entrega cursada por la jueza Carmen Lamela. Una vista en la que el equipo de abogados rechazará la euroorden y alegará que están siendo perseguidos en España no por hechos constitutivos de delito sino por sus ideas políticas.

«Estos hechos no presentan ningún carácter delictivo. De lo que se acusa a los interesados es de haber ejecutado, como miembros del Gobierno catalán, leyes adoptadas por el Parlament», sostiene Michele Hirsch, abogada junto con Christophe Marchand, de Comín y Serret. «Lo penal no tiene nada que ver. Se trata de hechos relevantes que corresponde dilucidar en el marco del derecho constitucional o administrativo. Por lo tanto este mandato es político y manifiestamente abusivo», ha explicado por primera vez en declaraciones a los diarios Le Monde y Le Soir.

Hirsch ha confirmado telefónicamente a este periódico que son los argumentos que esgrimirá el equipo de abogados -del que también forma parte Paul Bekaert, que representa a Puigdemont y a los exconsellers del PDECat, este viernes durante la audiencia aunque no ha querido hacer declaraciones al respecto. Será a puerta cerrada y en ella comparecerán los cinco políticos.

Lo primero que hará el equipo de abogados es rechazar la euroorden alegando el riesgo de vulneración de derechos fundamentales, recordando las disposiciones de la convención europea de derechos humanos y la Carta de derechos fundamentales, y subrayando que si son extraditados a España no podrán hacer campaña en las elecciones autonómicas del 21-D.

«El juez belga que se ocupa de la orden española se ha convertido en el garante de las libertades fundamentales», argumenta Hirsch. «Deberá decir si los derechos fundamentales de las personas afectadas se han o no vulnerado. Y determinar si esta orden se ha lanzado únicamente para reprimir opiniones, la libertad de asociación y el derecho a presentarse libremente a las elecciones».

Las autoridades españolas han solicitado la extradición en base a cinco delitos: rebelión, sedición, malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia. El auto, sostienen, hace aguas por todas partes. «Nunca he visto una orden de entrega tan mal formulada, imprecisa y frágil», opina Marchand subrayando el hecho de que la euroorden es calcada para todos.