El 27 de abril de este año, como el 27 de octubre del pasado, ha caído en viernes. Se cumplen, por tanto, seis meses exactos y simétricos del día en que el Parlamento catalán declaró simbólicamente la independencia. Y del día que se aprobó la aplicación del artículo 155. Y del cese del Govern. Y del de la convocatoria de las elecciones del 21-D. Y Cataluña, como hace exacta y simétricamente seis meses, no cuenta con un Gobierno. Carles Puigdemont tiene este puente del 1 de Mayo para decidir qué hacer, si permitir que haya un Ejecutivo, liderado por alguien de su confianza (alias plan d) o si se va a nuevas elecciones, el 15 de julio. Es la encrucijada final.

La prohibición del Tribunal Constitucional de realizar cualquier investidura a distancia de Puigdemont ha supuesto un revés a los planes del expresidente. Ante el movimiento del Estado, el independentismo puede optar por desobedecer o no. El portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, sacó ayer de la duda al personal al afirmar que descartaba forzar a la Mesa del Parlament que preside Roger Torrent (ERC) a la desobediencia con tal de investir a Puigdemont.

Si el plan era abordar, de nuevo, la investidura del expresident, acaso como gesto simbólico y propagandístico cara al exterior, a sabiendas de la imposibilidad de que el nombramiento fuera efectivo, y después realizar la unción real, el proyecto ha quedado cojo.

LÍMITE: 25 DÍAS / Y a 25 días de que venza el plazo para una investidura, Puigdemont deberá resolver la gran duda: mantener el pulso simbólico con el Estado, que llevaría a las urnas, o permitir que se configure un Ejecutivo bipartito.

De momento, según la ACN, el grupo parlamentario de JxCat ya ha aceptado que se postule un cuarto nombre (el plan d), ni que sea de manera temporal hasta que se pueda investir a Puigdemont, a lo largo de la legislatura. Elsa Artadi sigue liderando las apuestas.

Nunca en 40 años de democracia CDC y ERC habían acercado tanto sus posiciones, fruto sobre todo de la cruda realidad que les asola, en forma de líderes de ambas fuerzas en la cárcel y el exilio.

Ni uno ni otro partido se han siquiera planteado que Torrent desobedezca al TC. Se sigue la ‘doctrina Junqueras’ la que comunicó a lo sus allegados del partido: «nada de fuegos artificiales y menos si la ganancia es pírrica». Lo cierto es que en ambas fuerzas quedan pocos ánimos para seguir enviando mártires a las cárceles madrileñas.

También coinciden posconvergentes y republicanos en el pavor a los comicios. Y es que en el mejor de los escenarios que prevén se repetiría el bodegón retratado el 21-D, apuntan. Es decir, una frágil mayoría independentista en escaños y sin llegar al 50% en votos. Y con la boca pequeña vislumbran la posibilidad de que hubiera una menor movilización del público secesionista.

Y no solo eso. La puesta en marcha de un ejecutivo es prioritaria para ambos partidos como palanca para expulsar el artículo 155 de la política catalana. La inacción que se deriva provoca, por ejemplo, el freno en la financiación de los ayuntamientos, a 12 meses de las elecciones municipales donde unos y otros, especialmente los posconvergentes por estar más acostumbrados a desplegarse institucionalmente por los cuatro puntos cardinales catalanes, se la juegan ante un resultado incierto.