Ofensiva judicial contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí presentaron ayer una demanda civil ante la justicia belga contra el magistrado español a quien acusan de haber vulnerado su derecho a un juez independiente e imparcial, a un juicio justo y equitativo y al derecho a la presunción de inocencia. Llarena recibirá una citación para presentarse en una audiencia que tendrá lugar el 4 de septiembre ante el Tribunal francófono de primera instancia de Bruselas.
«Ha vertido opiniones que son indicios de sus prejuicios que le están llevando a vulnerar nuestros derechos», explicó Comín junto al resto de exconsejeros catalanes y el equipo de abogados que les defienden en Bélgica. «Hace meses que somos objeto de violaciones que han quedado impunes. Llarena actúa sin la imparcialidad debida y movido por actuaciones políticas. Estamos siendo perseguidos por la ideología del juez tal y como quedó de manifiesto en su conferencia de Oviedo», añadió Puigdemont, que compareció, lo mismo que Ponsatí, por videoconfederencia.
La denuncia se basa en unas declaraciones que Llarena hizo el pasado 23 de febrero en Oviedo, tras participar en una conferencia en la capital asturiana sobre delitos econóicos y responsabilidad penal. Según el abogado Christophe Marchand, el magistrado declaró que los políticos encarcelados en España «no son prisioneros políticos», lo que a juicio de la defensa prejuzga los hechos. «Esta expresión a nuestro juicio basta para abrir un debate judicial», añadió. «Emitió una opinión antes del juicio, fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó», alegó Paul Bekaert, abogado belga de Puigdemont.
Según argumentó Marchand, el juez encargado del caso fijó el 4 de septiembre como fecha de la audiencia y la sentencia podría conocerse a principios del 2019. Los cinco, que alegan que Bélgica es competente para pronunciarse porque los cinco residían en el país en el momento de las declaraciones, reclamarán a Llarena una indemnización simbólica de un euro por daños y perjuicios.
El gran objetivo de los políticos catalanes no está en Bélgica sino en España con al recusación de Llarena como juez instructor en el Tribunal Supremo. «Es una consecuencia necesaria de la primera, una consecuencia inevitable», explicó Comín sobre la recusación presentada paralelamente en el Supremo, por la querella criminal contra los miembros del Govern y la mesa del Parlamento catalán. Según alegó, este movimiento es posible porque la ley orgánica 219.8 del poder judicial prevé la posibilidad de recusar a un juez que tiene causas judiciales pendientes con alguna de las partes.
