Uno de los conceptos estrella del 'procés' es, sin duda, el de 'estructura de Estado'. Es decir, aquellos organismos y la gestión de unas competencias entendidas como clave para cualquiera que quiera ejercer como un país independiente. De todas las estructuras de Estado, sino la más importante, sí la clave -por cuanto de ella se deriva el reto- es la hacienda. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han asistido a la puesta de largo de la nueva Agencia Tributària de Cataluña que si bien ya estaba creada ha vivido en los últimos 20 meses una transformación total.

La Generalitat ha apurado todas sus competencias en materia fiscal, cosa que, aunque parezca sorprendente, anteriores gobiernos autonómicos no habían llevado a cabo. Se trata de 32 oficinas y 800 empleados, frente a los cuatro locales y 321 empleados en el 2015. Con la gestión de los tributos del sector público, por las manos de la ATC pasarán 4.500 millones de euros. El potencial de recaudación, es decir, todo lo que puede gestionar, alcanza los 42.000 millones. Mucho más de lo que se recauda actualmente por los tributos cedidos por el Estado. El Govern de Puigdemont, pues, se sitúa encima de la línea roja que marca el fin del autonomismo. De momento, se quedará ahí. Hasta ver lo que sucede con el 1-O.

Junqueras ha reiterado que, llegado el caso, la capacidad de gestionar el IRPF tendrá que llegar de la mano de la negociación con el Estado español sobre cómo se reparten los activos y los pasivos. La única mención que se ha permitido Puigdemont sobre la obvia vinculación entre la puesta de largo de esta agencia y el 1-O es que su Ejecutivo se limita a poner los medios para llevar a cabo aquello que deseen los catalanes.: "Estamos preparados para lo que decidan los ciudadanos".