El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo una querella contra el fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, y contra el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, por presunta prevaricación y usurpación de funciones (arrogarse labores que no les corresponde) por las actuaciones emprendidas para impedir la celebración del referéndum unilateral del 1-O. Relata la citación en calidad de investigado de los alcaldes que apoyaban la consulta y las instrucciones de la fiscalía en la que se nombraba al coordinador del operativo policial y la que ordenaba el precintado de los locales previstos como colegios electorales, entre otras.
El mandatario catalán expone en que querella que algunas de las actuaciones realizadas por la fiscalía "carecen de base legal y constituye un puro ejercicio arbitario del poder". Considera, por ejemplo, que la instrucción de precintar los centros de votación es desproporcionada y afecta a derechos fundamentales, como el de libertad de movimientos. En definitiva, sostiene que estas órdenes son arbitrarias porque lo que se pretende es "dar cumplimiento a la decisión política" del Gobierno del Estado de impedir "por la fuerza" la realización del referéndum.
