Alberto Fabra asume desde hoy una tarea que nunca imaginó. El que fuera alcalde de Castellón y presidente de la Generalitat es uno de los 27 miembros de la comisión del Senado que analizará la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Con los dos votos de Compromís en contra, él y sus otros tres compañeros del PP serán los únicos representantes de la provincia que voten a favor de su aplicación.

--¿En qué va a consistir la labor de esta comisión?

--Elaboraremos una ponencia y la propuesta pasa al pleno. Es necesaria la comunicación a la Generalitat catalana para que, por parte del president o a través de un escrito, pueda presentar alegaciones. Una vez debatido en el pleno, se envía la propuesta al Gobierno para que la aplique.

--Hoy comienzan a trabajar…

--A las 13.00 horas se constituye la comisión y empezamos a trabajar y el jueves acaba el plazo para presentar esas alegaciones; se redacta la ponencia el jueves por la tarde y se eleva al pleno el viernes a las 10 de la mañana. Estos días serán intensos.

--¿Cada grupo lleva propuestas?

--Lo primero que se hace es analizar la del Gobierno. En esa primera toma de consideración veremos qué se puede realizar. Lo único que está prefijado es cuando se constituye y cuando finaliza. El calendario de trabajo y de debate se fija hoy mismo.

--¿Su aplicación es inmediata?

--La aplicación de este artículo es algo muy excepcional. La ilegalidad de las actuaciones de la Generalitat nos ha llevado a esto. Se les ha dado tiempo para que corrijan y todavía lo están. Hasta que la propuesta no se apruebe en el pleno, el Gobierno la asuma en el Consejo de Ministros y se publique no tiene efectos. Si el Gobierno de la Generalitat de Cataluña entra en la sensatez, evita la aplicación de esas medidas.

--¿Confía en ello?

--Confío porque no sería bueno para nadie. Lo lamentable es que hayamos tenido que llegar a esta situación. Todos los españoles estamos obligados a cumplir la ley. Que alguien por una cuestión legítima quiera hacer que su pensamiento se extienda a la totalidad de los catalanes y para conseguirlo vulnere la legalidad no tiene ninguna justificación. Espero que al final llegue el sentido común y a través de los instrumentos que el Estado dispone, el Congreso de los Diputados, se pueda debatir. Lo único que se busca con este artículo es la normalidad y garantizar los derechos de todos los catalanes.

--¿Se podría haber evitado?

--Aquí el problema viene de origen, no es o me das lo que yo quiero, la independencia, o estoy en contra tuya. Si usted quiere plantearlo, pues tiene que tomar el acuerdo manteniendo las normas, los reglamentos y las leyes del Parlament catalán, y no lo han hecho. Luego tienen que debatirlo en el Congreso. Cualquier cambio en el Estatut lo tenemos que debatir en el Congreso. Ellos no quieren porque no les van a decir lo que quieren. Las cosas no son así.

--En cuanto a la Comunitat, con el actual arco parlamentario, ¿se podría dar una situación similar?

--Hay algunas personas que están en el Gobierno valenciano que tienen claras tendencias independentistas. Cuando uno está en un cargo público, y encima en el Gobierno, representa a todos los ciudadanos, no solo a los que les han votado. Creo que se han de dar cuenta de que uno está gobernando para todos.

--En el Senado no habrá problema para sacar adelante el 155...

--Los partidos que van aprobar las medidas suponen más del 80% de la representatividad. Es una base bastante sólida como para poder sacar adelante cualquier propuesta ante la situación extraordinaria que estamos viviendo.

--¿Pensó alguna vez que se llegaría a esta situación?

--Nunca. Aunque esté previsto en la Constitución, hay cosas que piensas que nunca se va a llegar a ese extremo. Pero Cataluña ha emprendido una huida hacia adelante, ha buscado una situación de enfrentamiento, nunca de querer llegar ahí por acuerdos. Un representante público, jura o promete cumplir la ley. Estas personas han incumplido ese mandato voluntario. Están a tiempo de asumir que no se puede ir contra las leyes y que si uno quiere defender una idea hay cauces dentro de la Constitución que posibilitan que se pueda alcanzar, o por lo menos debatir.