Suelen defender los líderes políticos la necesidad de disponer de grupo propio en el Congreso puesto que esto les permite tener voz autónoma en Madrid. Implica un portavoz, tiempo de intervención en los plenos y otras prebendas de las rutinas parlamentarias. Pero existe otro motivo que no suelen mencionar, aunque es capital, el económico. Tanto la Ley Orgánica del régimen electoral general como el viejo reglamento del Congreso -es de 1982- establecen ciertos privilegios monetarios para los partidos que han logrado configurar un grupo propio.
La decisión de la Mesa, este martes, de negarle tener grupo propio al ahora rebautizado Partit Demòcrata Català da al traste con todo esto, pues de entrada Francesc Homs y los suyos deberán tirar adelante con dos millones de euros menos de los que hubieran contado gracias al blindaje del grupo propio.
Así, Convergència hubiera ingresado, según estipula el artículo 28 del reglamento, una subvención fija para las formaciones con grupo propio de 28.597 euros al mes. Además, una ayuda de 1.645 euros mensuales por cada uno de sus ocho diputados. En total, al año, esto supone 501.132 euros.
Además, la ley electoral también establece otras ayudas que sólo se conceden a quienes hayan conseguido grupo. Se trata de la devolución del importe que hayan invertido en propaganda electoral durante la campaña, el denominado ‘mailing’. Convergència se gastó 1,5 millones en ese concepto el 26-J.
EL PRECEDENTE DE IU
Es lo que le sucedió a IU tras el 20-D, que solo obtuvo 2 diputados y se vio destinado a quedar integrado en el grupo mixto, lo que le impidió recibir lo que se había gastado en ‘mailing’ de campaña. Aunque entonces ERC propuso una fórmula de ‘rescate’, el PP y C's vetaron la opción -a pesar de que hay precedentes- porque consideraron que existía fraude de ley en la operación, puesto que Alberto Garzón había anunciado que lo hacían exclusivamente para recibir la subvención.
