Los partidos admiten ya que esta legislatura es necesario reformar la Constitución, pero más allá de ese diagnóstico preliminar se abre un abismo de incertidumbres. Nadie se atreve a predecir hasta dónde llegará la actualización de la Carta Magna y si los partidos asumirán una revisión de calado que afronte los temas más espinosos, como el conflicto territorial, o bien se quedará solo en un barniz.

PP: EXIGE CONSENSO

Por primera vez el partido en el Gobierno admite (aunque sin aparente entusiasmo) que está dispuesto reformar la Constitución, pero no ha adelantado cuál es su hoja de ruta ni qué capítulos entran en esa revisión. Los juristas dan por hecho que se revisará el derecho de sucesión de la Corona (que prima al varón frente a la mujer), un cambio en el Senado y algunas medidas que fomenten la transparencia, pero en lo tangible, el PP todavía no ha definido el alcance de la reforma. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, advierte de que debe haber "consensos de salida y de llegada". Es contrario al derecho a decidir y se niega a permitir un referéndum, bajo el argumento de que el futuro de los catalanes debería decidirse por todos los españoles.

PSOE: APUESTA FEDERAL

Formalmente los socialistas son los que han dado el primer paso en el Congreso para la reforma: han registrado la petición para que se cree una subcomisión que ponga en marcha los trabajos. El PSOE, al igual que el PP, sostiene que los cambios no deben introducir el derecho a decidir de los catalanes y propone una reforma federal. En ese pacto territorial pide la reforma del Senado, "racionalizar" y "clarificar" la distribución de competencias entre Estado y autonomías, así como establecer nuevos criterios en el sistema de financiación de las comunidades. También reclama eliminar la preferencia de los varones frente a las mujeres en el derecho de sucesión a la Corona y reformar el artículo 135 para que los servicios públicos tengan financiación suficiente.

PODEMOS: REFERÉNDUM

Su propuesta inicial era abrir un proceso constituyente, pero en las elecciones del 20-D y el 26-J la dirección decidió aparcar esa idea, convencida de que el proyecto no tenía suficiente consenso social. La sustituyeron por una reforma amparada en cinco grandes ejes, aspectos que quedarían blindados constitucionalmente. Entre ellos, el derecho a decidir (Podemos es el único partido estatal que lo defiende).

Además, aboga por la reforma del sistema electoral para que sea más proporcional y por mecanismos para garantizar la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción. La fuerza morada también pide que la Carta Magna blinde derechos sociales como la vivienda, la educación y la sanidad. Sus socios catalanes, En Comú Podem, continúan defendiendo el proceso constituyente y Xavier Domènech es el portavoz de facto (sustituye a Pablo Iglesias) en la comisión Constitucional del Congreso.

CIUDADANOS: SISTEMA ELECTORAL

Aboga por recoger el cierre del título 8 de la Constitución (referente a la distribución territorial), una vez desarrollado el modelo autonómico para definir mejor las competencias de Estado y comunidades. Es decir, aumentar el control sobre los territorios. Está en contra del derecho a decidir. Pide reformar el sistema electoral (adoptando el sistema alemán) y consagrar algunos derechos sociales que se han reconocido desde que la ley fundamental fue aprobada, ahora hace 38 años.

Además, propone suprimir la figura del aforado, que se despolitice la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), limitar el mandato del presidente del Gobierno a ocho años y eliminar las diputaciones provinciales.