Quince presos de ETA con condenas largas integran el último grupo de resistencia en las cárceles españolas, según fuentes penitenciarias. Son un resto de los 40 etarras encarcelados que, en junio del 2017, se negaron a secundar el plan del Colectivo de Presos de ETA (EPPK, en sus siglas en euskera) de permitir a sus miembros aceptar, de manera individual, las normas y burocracia penitenciarias para acceder a beneficios en prisión.

La quincena de 'duros' se congrega en torno a Iñaki Bilbao Goikoetxea, alias 'Basur', y 'Txikito', el más fanático de los etarras en prisión, al que la banda terrorista expulsó en el 2014 después de tres años oponiéndose al cese definitivo de la actividad armada.

La resistencia de los 'duros' persiste al comienzo de un año en el que la izquierda aberzale y los colectivos propresos se movilizan para reclamar más acercamientos a Euskadi de los reclusos de ETA. Para la tarde de este sábado, la plataforma vasca Sare ha convocado sendas manifestaciones en Bilbao y Bayona, en el marco de la campaña 'Orain Presoak' ('ahora los presos').

Sare, que aglutina apoyos colectivos e individuales de la sociedad vasca, pretende que la manifestación de Bilbao sea "masiva", y ha anunciado que contará con el apoyo de familiares de los políticos presos catalanes, si bien no ha desvelado cuántos ni sus nombres. Sin embargo, el PNV no acudirá, ni tampoco el Gobierno Vasco -como tampoco en convocatorias de otros años-, aunque sí todos los sindicatos vascos y EH Bildu.

La formación heredera de Herri Batasuna pidió el pasado jueves al Gobierno de España "más movimientos" a favor de los presos etarras para "impulsar un nuevo escenario".

BÚNKER EN PRISIÓN

Bilbao está en la cárcel por el asesinato a tiros del concejal socialista de Orio (Vizcaya) Juan Priede en marzo del 2002. Cuando lo mató ya tenía experiencia carcelaria: venía entrando y saliendo de prisión desde 1983. Cuando disparó, no habían pasado aún dos años de su última excarcelación, en septiembre del 2000.

El etarra, que ya ha cumplido los 60 años, está condenado a 68 años y 7 meses. La mayor parte de la condena, que se extingue en el 2070, la ha pasado en los centros penitenciarios Puerto III y Puerto II, en El Puerto de Santa María (Cádiz), a 1.031 kilómetros de Euskadi.

En esas prisiones acumula un extenso historial de incidentes, todos ellos resistencias pasivas y huelgas de hambre. Sus condenas se han visto agravadas por las amenazas de muerte que ha proferido contra los jueces ante los que ha comparecido, entre ellos Baltasar Garzón, Fernando Andreu y Teresa Palacio.

Entre los 15 'duros', seis son los más fieles a Bilbao y tratan de hacer proselitismo entre un centenar de encarcelados de ETA que meditan admitir la legalidad penitenciaria. Pese a lo reducido del grupo, sus vigilantes no le restan importancia por el potencial que, en el medio penitenciario, tiene todo enaltecimiento de la violencia.

En la actualidad, hay 232 etarras en celdas españolas. De ellos, 188, según Instituciones Penitenciarias, no han salido aún del primer grado penitenciario (el más duro, el de los más peligrosos y menos evolucionados), aunque muchos cumplen su pena en módulos ordinarios; 28 están en segundo grado; tres, en tercer grado, y seis, en condiciones especiales de cumplimiento. El resto, siete, son presos preventivos.

UN CENTENAR BUSCA MEJORAS

De los 232 reclusos, 92 han solicitado progresar de grado. Entre ellos, Sebastián Etxaniz, miembro del 'comando Vizcaya', que, a sus 75 años, es el decano de los etarras en prisión. Fuentes penitenciarias consideran positivo que casi la mitad de los internos de ETA hayan admitido la legalidad tramitando recursos para cambiar de grado o participar en actividades, en busca de beneficios penitenciarios.

Y este año habrá cambios en su situación, según las mismas fuentes. Instituciones Penitenciarias va a estudiar con detenimiento los informes de las juntas de tratamiento de las prisiones.

Cualquier progresión de grado parte en primer lugar de ese informe, aunque la propuesta no es vinculante: la última palabra la tiene Interior. Y el ministerio mirará con renovada atención aquellos informes en los que la sugerencia de los técnicos de la prisión sea unánime.

Dado que las revisiones de grado tienen lugar cada tres meses para los presos que están en el primero, en marzo se evidenciará una cadena de cambios con ritmo parecido al que se han venido produciendo los 17 traslados de etarras a cárceles más cercanas al País Vasco desde que se formó el Gobierno socialista.

La izquierda aberzale reconoció el pasado jueves, en boca de los parlamentarios Maddalen Iriarte y Julen Arzuaga, que en el 2018 se han producido mejoras en la vida de los presos de ETA encarcelados en Francia y "un nuevo discurso" del Gobierno español.

Interior aprueba los acercamientos de presos a Euskadi informando previamente a las víctimas del terrorismo, aseguró el pasado 13 de diciembre el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Luis Ortiz, ante la Comisión de Interior del Congreso. Ortiz contó que fue la primera orden expresa que le dio, tras nombrarle, el ministro Fernando Grande-Marlaska.

TRASLADO POLÉMICO

Sin embargo, este viernes la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) protestó al conocer el traslado desde Almería hasta la cárcel de Herrera de la Mancha, el pasado 29 de noviembre, del etarra Sergio Polo sin información previa. Polo mató al comandante del Ejército Luciano Cortizo el 22 de diciembre de 1995, y está condenado a 110 años desde marzo del 2018.

Instituciones Penitenciarias ha alegado que no se informó a sus víctimas porque se trata de un traslado por razones médicas, y no permite la ley de protección de datos dar detalles de su dolencia.

Polo fue movido poco después de que, el 18 de octubre, los etarras María Lizarraga e Íñigo Gutiérrez fueron trasladados a las cárceles de Villena (Alicante) y Picassent (Valencia). Fuentes penitenciarias no oficiales relatan que son pareja y que van a ser padres. En Villena no hay módulo de madres.