La batalla entre el Gobierno y el Parlamento iniciada en primavera va a recrudecerse a partir de la próxima semana. El Ejecutivo ha confirmado a este diario que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) todas las iniciativas que apruebe la oposición y que supongan un aumento del gasto presupuestario. Lo hará una a una, sin plantear un conflicto de atribuciones en general, comenzando por la única que ha anunciado hasta ahora que pleiteará, la proposición que deroga la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La oposición está determinada a echar el pulso y cree que lleva las de ganar. Aunque Mariano Rajoyha planteado ya más de una docena de vetos, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han decidido aplicar una argucia jurídica para esquivar el boicot: registrar la norma para su entrada en vigor en los años sucesivos, en lugar del vigente, puesto que el bloqueo solo afecta al “ejercicio en curso”. La primera victoria se la ha llevado En Comú Podem, que ha conseguido con esta maniobra aprobar el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los juristas parlamentarios puntualizan. El artículo 134.6 de la Constitución y el 126.2 del reglamento del Congreso permiten el veto, pero debe ser argumentado y no puede aplicarse arbitrariamente como un arma para acallar a la oposición. Aunque la Moncloa ha motivado cada uno de los vetos con escritos, la oposición considera que algunos no se ajustan a la realidad y son meras especulaciones.

ESCASA ARGUMENTACIÓN

En el caso de la LOMCE, por ejemplo, el Gobierno sostiene que se dejarían de ingresar 615 millones de euros de ingresos en ayudas de la UE. El texto indica que la pérdida ocurriría “muy probablemente” pero admite que se "abre la incógnita" sobre una refinanciación. ¿Es un argumento sólido para bloquear una iniciativa aprobada en el Congreso? La oposición entiende que no y se niega a aceptar una motivación que considera insuficiente. El Gobierno insiste: si el próximo martes el Congreso no cede, tendrá que ser el TC el que dirima el caso. Y así con cada uno de los vetos que los grupos quieran evitar. “El PP no puede usar el TC para substituir el diálogo en el Congreso. Si recurre, se mete en una pelea infantil”, opina uno de los letrados de la Cámara baja.

La oposición admite que algunas proposiciones implican de forma innegable un aumento del gasto o una disminución de impuestos. Es el caso del denominado ‘impuesto al sol’ que C’s quería suprimir, una medida que sería inaplicable si hay veto. Y sin embargo: esas normas solo afectan al presupuesto en vigor, pero no a iniciativas para ejercicios posteriores. Por ello, cuando el Gobierno ha bloqueado la proposición de ley de tasas judiciales, el PSOE la ha vuelto a presentar con fecha a 1 de enero de 2017. Ciudadanos confirma a este diario que tiene la intención de hacer lo mismo. Y Unidos Podemos ya se ha adelantado. Viendo la ofensiva gubernamental En Comú Podem registró la subida del SMI para 2018 de 800 € y 950 en 2020. El Gobierno admite que no tiene forma de vetarla y le toca negociar.