El presidente del Gobierno prepara los distintos escenarios que se podrían dar en Cataluña en los próximos días. Parece que se acerca el desenlace de las negociaciones de investidura y Mariano Rajoy insiste en que la mejor solución para todos es elegir a un candidato o candidata sin mácula judicial. Si ese fuera el final diseñado, el siguiente capítulo a la elección de un presidente o presidenta de la Generalitat y los miembros de un Govern sería, no a mucho tardar, una reunión oficial en la Moncloa.

En ese escenario decaería el 155, puesto que el texto aprobado en el Senado dice que la llegada de un nuevo Govern, que cumpla los requisitos legales, desactiva la intervención del Estado. Pero los negociadores de JxCat, ERC y la CUP apuntan a otro camino. Los cupaires insisten en Carles Puigdemont mientras que JxCat y Esquerra sopesan también las opciones de Jordi Sànchez o Jordi Turull. Sobre el president cesado, el entorno de Rajoy afirma que está todo dicho por el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo (TS): su única opción es volver a España y someterse al criterio judicial. La puerta de la opción telemática o delegación ha quedado cerrada.

VÍA TELEMÁTICA / En cuanto a Sànchez, en prisión provisional, se insiste desde la Moncloa en que el primer paso sería pedir permiso al magistrado Pablo Llarena para poder ir a una investidura. Si se lo deniega, el Ejecutivo central entendería que ese planteamiento no tiene recorrido: lo que no es válido para Puigdemont, apuntan las fuentes consultadas en alusión a la vía telemática o al discurso delegado, tampoco lo es para Sànchez. Subrayan que, si se viese necesario pedir una aclaración al respecto al TC, se haría. El 155, por tanto, seguiría vivo al haber nuevo Govern. Si, por el contrario, Llarena sorprendiese y diera aval jurídico al expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para ser investido, podría ser presidente. En ese caso, el foco gubernamental se situaría en su discurso de investidura y en comprobar si se compromete o no a incurrir en una ilegalidad buscando la independencia.

Si lo hiciera, el Ejecutivo actuaría en los tribunales, aunque también podría hacerlo el propio juez del TS que instruye la causa. Las consecuencias podrían ser inmediatas y seguiría vigente la intervención estatal. Si logra presentarse a una investidura y defiende un proyecto en los márgenes de la legalidad, podría haber Govern y el 155 se evaporaría de facto. Otra cosa es que se pida criterio al alto tribunal sobre si es factible gobernar desde la prisión hasta la casi segura inhabilitación.