La insólita decisión del juez de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, de imputar a una docena de periodistas por publicar datos del sumario de los siete CDR encarcelados bajo la acusación de terrorismo cuando la causa aún estaba bajo secreto chocó ayer con el rechazo contundente de las asociaciones profesionales y con un posible recurso de la Fiscalía General del Estado.
La fiscala general, María José Segarra, anunció en Barcelona, donde se reunió con la cúpula de la fiscalía catalana, que está estudiando la impugnación de estas 12 imputaciones de redactores de ocho medios de comunicación -El Mundo, El País, Abc, La Vanguardia, El Confidencial, El Español, la cadena SER y RTVE-y subrayó el compromiso de la institución que dirige con la libertad de expresión.
En el momento de estas revelaciones, de evidente interés público y alusivas a los autos de prisión de los CDR investigados por terrorismo, el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se encontraba bajo secreto. Unas semanas después este secreto fue levantado y trascendieron nuevas revelaciones sobre la investigación de este grupo presuntamente terrorista.
Organizaciones profesionales de periodistas condenaron sin paliativos la medida e instaron al magistrado a retirar todas las imputaciones. Lo reclamaron en sendos comunicados la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que opinan que la decisión del magistrado Peinado es un «ataque» y una «limitación» de la libertad de prensa.
«Los periodistas no cooperan en la revelación de secretos, como señala el juez, sino que ejercen su derecho constitucional a difundir información veraz, verificada y contrastada con fuentes fiables y de interés general», subraya la FAPE. La federación recuerda además que los periodistas están amparados por el derecho al secreto profesional.
