La macrooperación policial por el caso Imelsa llegó ayer también a Castellón, con un registro y al menos un detenido en la capital de la Plana, según se desprende de las informaciones facilitadas a lo largo de la jornada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Aunque el TSJCV no precisó el número de arrestados en la provincia, sí afirmó que la operación llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como Policía Judicial, se saldó con 24 detenciones, que fueron practicadas no solo en Valencia, sino también en Alicante y Castellón.

también arquitectos // Las mismas fuentes especificaron la identidad de nueve de los arrestados, todos ellos exaltos cargos del PP, por lo que la detención o detenciones practicadas en Castellón se habrían materializado dentro del grupo de 13 empresarios y dos arquitectos que el TSJCV indicó que completan el colectivo de los capturados, junto con un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia, del que matizó que se trata de una persona de confianza del grupo popular.

Por lo tanto, todo apunta que el detenido o detenidos en la provincia podría ser un empresario vinculado con la trama, pero no con ningún cargo público o bien del Partido Popular.

Por otra parte y en cuanto al registro llevado a cabo en territorio castellonense, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana únicamente informó de que se materializó en la capital de la Plana, mientras que señaló, en general, que las entradas policiales se produjeron en domicilios particulares de los detenidos, así como en empresas.

De hecho, fuentes solventes dijeron a Mediterráneo, que no había constancia de ninguna actuación policial en edificios de la Generalitat valenciana en la ciudad, una situación similar a la vivida en sede de la Diputación o en la del Ayuntamiento.

Desde el Partido Popular de Castellón (PPCS), tanto el presidente provincial, Javier Moliner, como la portavoz de la formación en la capital, Begoña Carrasco, expresaron a través de sus perfiles en las redes sociales su repulsa ante los casos de presunta corrupción y cobro de comisiones ilegales en su formación dentro del conocido como caso Imelsa.

En cuanto a la reacción del PP de la Comunitat (PPCV), que preside la castellonense Isabel Bonig, fue de gran rapidez al conocerse los primeros nombres de los implicados para anunciar la suspensión de militancia a todos los detenidos por la trama.