Gonzalo Boye, abogado de los huidos Carles Puigdemont y Toni Comín, intentó ayer acreditar al expresident y al exconseller como eurodiputados ante la Junta Electoral Central (JEC), pero no lo logró. El organismo había citado a las 12 del mediodía a los 54 eurodiputados elegidos en las elecciones del pasado 26 de mayo para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución, un trámite imprescindible para poder recoger sus actas.

Como era de esperar, ni Puigdemont ni Comín aparecieron por la Cámara baja, donde se reforzó el dispostivo policial. Ambos habrían sido detenidos inmediatamente.

Boye llevaba consigo unos «poderes especiales» concedidos por un notario de Bélgica, que, según el letrado, manifiestan el acatamiento de la Constitución por parte de sus dos representados.

Con discreción, una funcionaria de la junta electoral pidió a Boye que abandonara la sala, porque en ella solo podían estar los eurodiputados electos y le impidió llegar hasta la mesa donde estaba la presidencia de la JEC para entregar los papeles que llevaba consigo. «Ni siquiera los han leído», se quejó minutos después el letrado. El órgano regulador estudiará esos documentos en la reunión del próximo jueves.